En América Latina, el crimen organizado ya no es una amenaza distante ni un fenómeno contenido. Es una presencia cotidiana: una fuerza que se infiltra, se adapta y disputa espacios —territoriales, institucionales y simbólicos— con una velocidad que muchas veces supera la capacidad de respuesta de los Estados.
En ese contexto, la conversación dejó de ser únicamente sobre seguridad. Hoy es, también, un diálogo sobre institucionalidad, articulación y democracia.
Así lo plantea el expresidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, en nuestro podcast PolitiKAS en Línea aquí , donde señaló que el debate regional ha entrado en una zona crítica: el avance del crimen organizado transnacional, la infiltración de estructuras criminales en la institucionalidad, la legitimación social del delito — ”— y la proliferación de respuestas fragmentadas, aisladas, e incluso tentadas a sacrificar la democracia en nombre de la seguridad.
Violencia creciente y la ilusión de la mano dura
El argumento de la “mano dura” ha ganado terreno. En contextos de violencia creciente, resulta políticamente eficaz: promete respuestas rápidas, visibles, contundentes. Pero, como advierte Alvarado, ese camino puede ser engañoso —y peligroso.
“Si se combate el crimen erosionando la democracia, el problema puede ser peor.”, explica.
La advertencia no es menor. En medio de la presión por resultados inmediatos, se ha instalado la idea de que los derechos humanos, el debido proceso o los contrapesos institucionales son obstáculos. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario: son esas garantías las que dificultan la captura del Estado por redes criminales.
“La democracia, en este sentido, no es una debilidad. Es un sistema de defensa.”, donde la división de poderes, prensa libre, justicia independiente, son mecanismos concretos de protección frente a lo que enfrentamos.
El problema es que el crimen organizado ya no solo confronta al Estado. También lo infiltra. Puertos, municipalidades, sistemas judiciales, espacios políticos. La amenaza más compleja no es el enfrentamiento abierto, sino la inserción silenciosa dentro del sistema y la cotidianeidad.
Frente a esto, Alvarado insiste en una idea clave: no hay soluciones simples para problemas complejos.
La respuesta, entonces, debe ser integral: controles cruzados entre instituciones, supervisión constante, prensa independiente, cultura ética en lo público y lo privado. Pero también —y esto resulta especialmente incómodo— una batalla cultural.
“Tenemos que combatir esa tendencia de convertir a los narcotraficantes en héroes comunales. Porque el crimen organizado no solo opera con violencia; también construye legitimidad, especialmente en territorios donde el Estado no logra llegar con oportunidades reales.”, asegura.
Cooperación, legitimidad y la disputa por el futuro
El crimen organizado no es un problema que se erradica. “No hay un punto donde se diga: esto se acabó.” Es, más bien, un fenómeno que se gestiona, se contiene y se controla, advierte el expresidente en su análisis.
Desde esta óptica, cambia por completo la lógica de la política pública. “Ya no se trata de medidas de corto plazo, sino de estrategias sostenidas en el tiempo y articuladas entre diversos actores”, apunta Alvarado.
En un fenómeno que no reconoce fronteras, la respuesta tampoco puede ser local. La cooperación deja de ser una opción y se convierte en una necesidad .
Información que fluye, coordinación entre países, trazabilidad de rutas y actores. Pero también algo menos visible —y no menos importante—: la capacidad de mirar lo que sí ha funcionado y escalar esas prácticas.
En ese sentido, el ex mandatario, puso sobre la mesa un caso concreto en la región:
“Voy a poner el caso de Guatemala, que es donde se presentó el GLACSED. Las estadísticas muestran que, con un trabajo sostenido —de este gobierno y de los anteriores—, se ha logrado reducir los homicidios y la extorsión.”
Más que una excepción, el ejemplo evidencia una posibilidad: que, con políticas consistentes en el tiempo, coordinación institucional y aprendizaje acumulado, es posible revertir tendencias que parecían estructurales.
En esa línea, el GLACSED ha planteado una hoja de ruta territorial basada en cuatro ejes:
Con estos lineamientos, el desafío para la región es claro: sostener el esfuerzo y reconstruir una visión compartida de futuro. “Tenemos que retomar ese sueño colectivo de que sí podemos hacerlo”, enfatiza, como hacia el cierre de la conversación.
Porque este no es —ni será— un desafío exclusivo de los gobiernos o de organizaciones . Es una tarea compartida.
“No hay un único actor que tenga toda la solución… es la sincronía de la sociedad, quien va a poder encontrarla y hacerle frente.”
La seguridad deja entonces de ser un tema sectorial. Se convierte en un proyecto de país. Y, más aún, en un proyecto de región.
Los contenidos publicados expresan la opinión del autor/ autora o sus entrevistados y no necesariamente la visión de la Fundación Konrad Adenauer
