Centroamérica es hoy el corredor migratorio más dinámico del hemisferio, pero sus Estados desbordados, la falta de cooperación y el debilitamiento institucional convierten la migración forzada en una prueba crítica para la democracia regional.
Miles de personas de Sudamérica, el Caribe, África y Asia cruzan cada año la región rumbo a Estados Unidos. En 2023, más de medio millón de personas atravesaron el Tapón del Darién; el 70% eran venezolanas.
“La migración, la seguridad y la democracia se entrelazan en un triángulo cada vez más frágil”, resume Alberto Mora Román, coordinador del Informe Estado de la Región. Y esa fragilidad no es abstracta: detrás hay seres humanos golpeados por la pobreza, la inseguridad, la persecución política o el desarraigo.
Estados desbordados y cooperación debilitada
Los Estados de tránsito implementan acciones para la asistencia mínima, pero sus capacidades están desbordadas. “Hablamos de miles de personas con graves problemas económicos, de salud, de afectación psicológica y, muchas veces, víctimas del crimen organizado”, advierte Mora.
La política de Estados Unidos agrava la situación. Países como Costa Rica y Panamá se han convertido en “salas de espera forzada”, atrapados en la lógica de externalizar fronteras. Además, el retiro de cooperación internacional —particularmente la norteamericana— debilitó a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al ACNUR y a otras entidades que daban apoyo a esta población.
“Los Estados estaban confiados en que eran estas organizaciones las que daban apoyo, pero hoy tienen capacidades muy reducidas”, explica Evelyn Villarreal Fernández, coordinadora del Informe Estado de la Justicia en Costa Rica.
Entre derechos y barreras
El reto no es solo económico, sino también institucional. “Migración y Extranjería no dan abasto; la salud y la educación enfrentan presiones; y aunque desde 2010 existe en Costa Rica una política pionera de acceso a la justicia para migrantes y refugiados, persisten barreras importantes”, agrega Villarreal.
“La migración no es un delito. Estar en un país de manera irregular no convierte a nadie en criminal”, enfatiza. El sistema judicial debería garantizar protección, pero el miedo, la falta de acompañamiento legal gratuito y el desconocimiento de protocolos todavía frenan denuncias y derechos.
En medio de esta realidad, la reflexión es inevitable. “La mayor parte de quienes migran lo hacen forzados, no por elección”, enfatiza Mora. Este no es solo un debate humanitario: también es un asunto democrático. El futuro de nuestras democracias se juega también en cómo tratamos a quienes buscan refugio en ellas.
La migración ya no es un fenómeno coyuntural: es estructural y seguirá marcando a Centroamérica. Pretender resolverla con parches humanitarios o medidas punitivas es ignorar su raíz.
Los informes del Estado de la Región y del Estado de la Justicia dejan claro que la región necesita más cooperación, más articulación y menos xenofobia.
Los gobiernos están llamados a ver a las personas migrantes no como una carga, sino como lo que son: seres humanos con derechos, aportes y dignidad. Solo así, la migración dejará de ser el espejo de nuestras fragilidades y podrá convertirse en una prueba superada para nuestras democracias.
Escuche nuestra conversación completa con los investigadores del PEN, Alberto Mora Román y Evelyn Villareal Fernández en nuestro podcast Políticas en Línea en el siguiente enlace: https://politikasenlinea.com/podast/migracion-seguridad-y-democracia/
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