Una mirada ciudadana a la Asamblea Legislativa

Marta Núñez Barrionuevo, politóloga y periodista. Funcionaria de la Asamblea Legislativa destacada en el Departamento de Participación Ciudadana.

Cuando pienso en nuestro futuro, de cara a los próximos años, me gusta compararlo con un invierno largo sin perder la esperanza de un amanecer con buen clima que nos permita seguir sembrando y recoger una buena cosecha. He creído, que los sueños de una mejor gobernanza en Costa Rica han superado todos los diagnósticos negativos y se ha logrado construir un Estado estable y más solidario.

Uno de los obstáculos en cuanto a la construcción social progresiva para salir de la pobreza y la desigualdad que viven muchos sectores, obedece muchas veces a la irresponsabilidad de construir sobre estructuras que no responden a los tiempos modernos, se arrastran prácticas y modelos obsoletos que se superponen, asfixiando a lo nuevo que se quiere crear.

En éste sentido, el Primer Poder de la República, un ente político por naturaleza, se convierte en el blanco de fuertes críticas de parte de la ciudadanía que le recuerdan y señalan su responsabilidad para traducir el pensamiento y las demandas del pueblo en política pública que reactive al país con y sin pandemia, porque la gente está cansada de la inercia de las autoridades, la impunidad y la corrupción aludiendo todo el tiempo que los recursos no alcanzan.

En este contexto, dar una mirada al quehacer legislativo nos permite sopesar y analizar un poco su estado. Lo primero es reconocer que a esta institución y al país le cayó la pandemia de la noche a la mañana sin estar preparados para atender un flagelo de esta magnitud.

De marzo 2020 a la fecha no se logra ver una mejoría en la reactivación económica suficiente como para levantar los niveles de empleo y consumo, y la frustración crece cada vez más, y la clase política se convierte en el enemigo del pueblo, un factor negativo para una democracia que trata de convivir en paz con todas las ideas políticas que surgen para ofrecer soluciones, y los niveles de tolerancia necesarios para la convivencia social.

Las reglas del juego cambiaron con la pandemia y la agenda parlamentaria que contenía proyectos de reactivación económica, avances en tecnología y desarrollo científico dirigida a la educación pública, inyección económica a sectores como los agropecuarios, estímulo a la construcción y turismo, entre otros, fue paralizada de golpe. La cotidianidad de los legisladores dio un giro inesperado y desconcertado asumiendo una tarea titánica de aprobar proyectos en tiempo récord urgentes para el Ejecutivo que debía dotar con más recursos económicos la emergencia nacional que lamentablemente les ha costado la vida a unas seis mil personas.

Un factor interesante que ha ordenado la labor de los legisladores fue el cambio de las sesiones ordinarias y extraordinarias que por vez primera permite que el gobierno de turno pueda establecer y negociar una agenda de interés nacional con los diputados y diputadas. La idea fue ajustarlas a los tiempos actuales, dándole más oxígeno a las nuevas administraciones para que inicien el 1 de mayo hasta el 31 de julio su primer período y puedan negociar mejor los proyectos con los diputados, además de permitir la aprobación del presupuesto ordinario que se aprueba en el mes de noviembre.

La agenda del Ejecutivo se centró en el proyecto de Empleo Público y los proyectos de ajuste solicitados por el Fondo Monetario Internacional para recibir el préstamo por US$1.778 millones, aprobado con 38 votos en primer debate, el cual generó mucho desgaste y divisiones no solo en el Plenario, sino a nivel de organizaciones de todo tipo, porque sus puntos de vista no coinciden sobre las prioridades del país, además del ingrediente de divide y vencerás, los diputados estuvieron día y noche por tres meses, mocionando y trabajando para tratar de aportar su visión país, y en una asamblea multipartidista es muy difícil llegar a acuerdos. Lo cierto es que el proyecto fue consultado a la Sala IV y de ahí salieron como 36 inconstitucionalidades ya anunciadas por sindicatos y por las universidades públicas entre otros sectores. El gobierno sigue interesado en el proyecto y existe un compromiso para enmendar el proyecto con las nuevas observaciones o bien podría, sin la voluntad política suficiente, terminar en el archivo.

En coyunturas como éstas muchos proyectos quedan en el tintero. La reforma política debe estar dirigida a decentar la política como primer paso para enrumbarse a lo económico. No existe una agenda prioritaria para reglamentar a los diputados tránsfugas, los que salen de sus partidos para declararse independientes, o el tema ético de la doble postulación de los candidatos a la presidencia y a diputados simultáneamente; la revocatoria de mandato, disminuir la deuda política, eliminar que sean los diputados y diputadas las que elijan a los Magistrados.

También las negociaciones para avanzar en iniciativas no solo de tipo político, sino dirigidas a la clase trabajadora como es regular las jornadas laborales, la amnistía a trabajadores independientes en sus cuotas del seguro social y así infinidad de proyectos. Uno que al final de este mes logro sobrevivir fue el proyecto de Emergencia y Salvamento Cultural, que, siendo al final desconvocado por el Ejecutivo, fue rescatado en ordinarias y aprobado por la presión de sectores culturales que se hicieron presentes por semanas enteras.

En un año electoral, es entendible que las negociaciones se tornan más difíciles, la correlación de fuerzas no ayuda a las fracciones que quieren llevar agua a sus molinos y volver a tomar la confianza de la gente y se tornan populistas. Un ejemplo de lo anterior, fue el proyecto para rebajar el marchamo, donde todo el país lo aplaude. Sin embargo, la próxima administración sentirá las consecuencias de un rebajo en impuestos ya establecidos para programas específicos. Son populistas, porque desvisten un santo para vestir a otro, luego se ven obligados a buscar esos recursos, en un presupuesto extraordinario.

Como vemos la Asamblea Legislativa es como una caja de pandora y nunca se sabe con exactitud lo que pueda suceder cuando se abre. Ha pasado por ratos amargos y momentos difíciles con señalamientos delicados como fue el cuestionamiento por la supuesta vinculación o penetración del narcotráfico en su quehacer legislativo cuando sale a la luz pública nombres de algunos diputados que podrían estar vinculados a actividades ilícitas, actualmente están en investigación.

Otros escándalos que sacuden al país fue el descubrimiento de la creación de una Unidad de Análisis de Datos (UPAD) por parte del Ejecutivo donde supuestamente se estaba haciendo uso de los datos privados de todos los costarricenses sin tener claro sus intenciones, lo cual fue objeto de una comisión de investigación, y uno muy sonado por la participación de varias empresas privadas de construcción implicadas en sobornos hacia funcionarios públicos para la realizar obra pública. Lamentablemente todos estos hechos afectan a toda la colectividad social. La decepcionan al constatar cómo se ha institucionalizado la corrupción, la impunidad prevalece y algunos partidos políticos no ejercen un poder real de querer llegar hasta el fondo de esos casos porque algún dirigente puede verse envuelto y dañar la imagen del partido. La consecuencia muy probablemente sea una opaca participación en las elecciones nacionales.

La única respuesta institucional de la Asamblea es la creación de comisiones investigadoras para sentar las responsabilidades políticas, y recomendar alguna inhabilitación en la función pública, pero muchos de éstos informes quedan engavetados y nunca salen a la luz pública.

El combate a la corrupción ha sido disfrazado, no se ataca con fuerza apenas enfrentado públicamente. Surgen respuestas esporádicas como proponer reformas al Código Penal para castigar a los corruptos; sin embargo, ningún funcionario “cae” por alguna omisión o responsabilidad en los hechos. Ahí se mantienen en sus puestos. Otros señalan a las y los diputados como responsables y proponen cambiar la forma de elegir diputados por lista; otra propuesta es convocar a una Asamblea Constituyente, establecer la revocatoria de mandato a los representantes populares envueltos en actos de corrupción; límites a los alcaldes que se reeligen indefinidamente, eliminar el voto secreto para elegir Magistrados o poderes de la República, solo para citar algunos.

Pero la realidad es que éstos proyectos no prosperan en la Asamblea Legislativa, existe una clase política metida en los partidos políticos ahí representados que no está dispuesta a ceder ni ponerse una “soga en el cuello” para dejar de disfrutar ciertos privilegios que el poder absoluto les permite.

Solamente el control ciudadano, y diputados con ética política y valores nacionales que elegidos con conciencia podrán legislar a favor del pueblo, podrán generar los cambios sustanciales, y ser vigilantes con quienes detenten el poder público.

Justamente el informe de la Red Latinoamericana para la Transparencia Legislativa, una especie de laboratorio de observación ciudadana e investigación social, que monitorea constantemente el quehacer de los Congresos a nivel de América Latina le otorgó a Costa Rica una puntuación de 52,1% que la ubica en el segundo lugar de 13 países. Señala que el país está lejos del estándar deseado: le falta voluntad política para generar una normativa en materia de transparencia e involucramiento del ciudadano en la discusión de proyectos. Un ejemplo fue la Comisión de Nombramientos, donde se votó en contra dos proyectos para eliminar las votaciones secretas de los diputados, especialmente en relación con la elección de los Magistrados.

Cuando los diputados se niegan a legislar para regular el acceso a la información pública, a una ley del lobby, a legislar sobre el deber de probidad de los diputados y diputadas, cuando no le dan importancia a la regulación del precio o negocio de las medicinas, o insistir en temas como la pesca de arrastre a sabiendas del daño que causan al fondo marino, entendemos que falta aún mucho por hacer de parte de la presión que deben ejercer los ciudadanos cuando sus intereses no están siendo bien representados.

Sin embargo, se reconocen los esfuerzos de algunas administraciones legislativas, que desde el 2015 se han abierto a la posibilidad de una nueva cultura o gestión pública, donde se redefinen las relaciones entre Parlamento y ciudadano orientado al servicio de la gente, apertura de datos, transparencia y rendición de cuentas, es una política de Parlamento Abierto. En el año 2020, fue creada una Comisión Institucional (CIPA) integrada por cinco diputados, dos funcionarios, siendo uno de ellos del Departamento de Participación Ciudadana, y dos organizaciones civiles elegidas por concurso abierto, que serán asesores para la implementación de políticas inclusivas, participativas, de acceso a la información e implementación de tecnologías accesibles, entre otras.

En este escenario, corresponde a la Asamblea Legislativa construir al lado de la ciudadanía una mejor democracia más participativa. Quienes ocupen curules en la próxima administración tendrán una nueva oportunidad y responsabilidad histórica mayor que las anteriores administraciones, y tendrán más sensibilidad para aplicar o comprender la dimensión del artículo 9 constitucional que desde el 2003 fue muy claro al colocar al pueblo al mismo nivel de los tres poderes del sistema representativo y desde entonces la capacidad de incidencia de la ciudadanía ha crecido con mucha responsabilidad.

Finalmente, la Asamblea Legislativa no le ha dado la espalda al pueblo. Deberá a futuro mejorar su representación, su capacidad de escucha y calidad en el debate, especialmente cuando se trate de proyectos que dignifiquen a la sociedad y a clase trabajadora, como única posibilidad para continuar construyendo un país democrático, soberano, libre de corrupción política y dirigido con un sentido patriótico con respeto, visión de futuro al lado de una ciudadanía que se viene preparando y formando cada vez más para asumir que este país es responsabilidad de todos los que habitamos en él.

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