Un Estado más eficiente: ¿Cómo hacerlo?

Tener un Estado más eficiente en Costa Rica es una urgencia para el crecimiento económico, la generación de empleo, el aumento de la confianza y el bienestar de los ciudadanos.

En los últimos 30 años se han cerrado algunas pocas instituciones innecesarias y hay más conciencia del impacto económico de crear nuevas entidades; algunas áreas del Estado operan con mayor eficiencia producto de estrategias diversas, como la centralización de tareas en ventanillas únicas, pero no es una generalidad ni todos los casos son exitosos; algunas entidades operan en competencia con adecuados niveles de éxito, otras no; esto por citar algunos casos de la modesta reforma del Estado en el país.

Hay un proyecto en ejecución, con resultados exitosos en un plazo muy corto, cuyo objetivo es facilitar los procesos que deben llevar a cabo los ciudadanos para obtener licencias, permisos, autorizaciones, concesiones o beneficios y apoyar la reactivación económica y la generación de empleos formales mediante el planteamiento de mejoras regulatorias que permitirán tener una mayor claridad y orden tanto para el regulador como para el regulado.

Su nombre: Costa Rica Fluye. Se trata de una iniciativa público-privada entre el Gobierno de la República de Costa Rica, representado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), y la Asociación Horizonte Positivo.

¿En qué se diferencia esta iniciativa de otras en el pasado?

Costa Rica ha venido haciendo esfuerzos en reducción de trámites, acortando plazos y haciendo reingeniería.

En Costa Rica fluye el enfoque, no son los trámites. Las regulaciones generan los trámites, estos a su vez generan requisitos. En el pasado se ha atacado el problema por la mitad, no en el origen. Costa Rica Fluye trabaja desde la regulación; cuando logramos reducir las regulaciones también cambian los trámites y requisitos.

Esta alianza público-privada busca una regulación inteligente, que genere soluciones concretas, siguiendo las mejores prácticas de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la cual somos parte.

En Costa Rica es la primera vez que se realiza un proyecto enfocado en el análisis ex post de la regulación y no en trámites y requisitos. Es decir, revisar regulaciones, trámites y requisitos de las instituciones y eliminar o racionalizar lo que no aporta valor ni al regulador ni al regulado en los propósitos comunes a ambas partes.

En la primera etapa del proyecto, la mejora regulatoria impactó 61 trámites y 491 requisitos y benefició al sector turismo, el sector económico, los clientes de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y los vecinos y empresas ubicadas en el cantón central de Cartago. Esto fue resultado de un trabajo desde el 27 de mayo de 2020 hasta junio pasado, y ahora las entidades han reducido regulaciones, trámites y requisitos o están en proceso de realizarlos mediante la carta de compromiso adoptada.

Lo que sí está muy claro ahora es el costo de administración de la regulación y el costo que le corresponde al administrado. Con dicha información se pueden hacer comparaciones para encontrar eficiencias en la nueva regulación y que el proceso de mejora continua siga.

Los impactos obtenidos y esperados tienen que ver con una ventanilla única de PYMES que agrupa gestiones con 12 instituciones; y con la vinculación entre el sistema de registro emprendedor (SEIC) con incubadoras y aceleradoras, esto en el Ministerio de Economía.

En la Municipalidad de Cartago se redujo de 10 días hábiles a un día hábil la obtención de una patente comercial mediante la declaración jurada. También se redujo a una regulación (de 3) en el Reglamento de Construcciones y Plan Regulador de la Municipalidad de Cartago, y se suprimió el Certificado de Uso de Suelo como requisito, lo que impactó 14 trámites.

En el Proyecto Turístico Papagayo se acordó la transformación de 14 subregulaciones en una sola regulación, con mayor transparencia en el cumplimiento de las actividades regulatorias. También hay mejoras que promueven la inversión y gestión de marinas y atracaderos para fortalecer el desarrollo de las zonas costeras, el turismo acuático y la generación de empleos.

En la CNFL se orientó el trabajo a la transición a la virtualidad con un impacto directo en 40.000 abonados que hacen gestiones anualmente.

Actualmente, CR Fluye trabaja en la segunda etapa con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las municipalidades de Belén y Santa Ana, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de Gobernación y Policía (Dirección de Migración y Extranjería).

Costa Rica fluye incidirá en 25 instituciones públicas en sus dos etapas gracias al aporte de US$451.000 de la Fundación CRUSA y de US$45.000 de fondos iniciales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El trabajo comenzó mediante un análisis integral con cada regulación evaluada y se establecieron las implicaciones para el regulador y para el usuario. Esto permitió crear indicadores de impacto y efectividad, y no solo de esfuerzo en la gestión de las regulaciones. Luego se determinó una línea base de los costos de la regulación en los que incurre la institución para ejecutar y el usuario para cumplirla. Ese dato antes era desconocido y permitirá medir la efectividad de las mejoras.

Este proyecto continuará su desarrollo hasta alcanzar las 25 instituciones previstas a finales de agosto del 2022.
Costa Rica Fluye es un ejemplo de los logros y beneficios que permite el trabajo articulado y colaborativo entre el sector público y privado.

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