Desde abril del año 2018, a raíz de la persecución de los opositores al régimen Ortega- Murillo en Nicaragua por los eventos que detonaron las manifestaciones de la población civil, se produjo una nutrida migración de nicaragüenses hacia Costa Rica.
Con importantes diferencias respecto a procesos migratorios previos, más vinculados a una migración económica, el fenómeno migratorio 2018-2019 indica, con base en la encuesta realizada por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano (mayo-junio 2020), que se trata de un grupo de población muy joven.
Un 56,2% de estas personas se ubican entre los 16 y los 30 años, mayoritariamente hombres (50,2%). Un 60% de estas personas poseen estudios universitarios y son profesionales, incluso hay especialistas y personas con grado académico de maestría. Representan una migración atípica y estas características hacen referencia a personas que tenían en su país un proyecto de vida o se estaban desarrollando profesionalmente.
Entre otros aspectos vinculados a esa migración forzada está el hecho de que alrededor de un 64% de esta población no tiene acceso en Costa Rica a fuentes laborales acordes a su preparación académica y técnica. Se tiende a explicar que dicha situación también responde a un comportamiento xenofóbico de parte de Costa Rica, entendiéndose esto desde la población, la institucionalidad y el sector privado, entre otros.
Es importante tomar en consideración que el país ha estado atravesando una difícil situación respecto a la capacidad de dar empleo digno, incluso a su propia población. En 2017 se hacía referencia a un desempleo del 9,3%; un año más tarde, la tasa de desempleo se incrementó en un punto porcentual, al 10,3%, y para el año 2019 la tasa de desempleo fue de 12,4%. Todo esto indica con claridad la poca eficiencia del país en materia de generación de fuentes de trabajo. La pandemia no solo ha agudizado la situación del desempleo, planteada en un 21,3% para el cierre de 2020, sino que además, esos impactos se hacen extensivos a la población migrante en condición de solicitud de refugio.
La situación de la pandemia del Covid-19 ha exacerbado la situación del desempleo y ha presionado la incorporación de estas personas a actividades no calificadas e informales, lo cual resulta frustrante por igual para la población nacional y migrante. Estos migrantes suman una doble frustración, pues no solamente se ven excluidos de espacios laborales acordes con su conocimiento y expertise, sino que además sus rutas de crecimiento y desarrollo personal y profesional se vieron interrumpidas en su país.
Mucho se ha discutido sobre las poblaciones migrantes que llegan a Costa Rica a hacer el trabajo que “los costarricenses no desean realizar”; lo que implica un costo profesional para muchos de los migrantes que poseen títulos universitarios. Mientras que en nuestro país, a mayor nivel de formación educativa, menor involucramiento en actividades productivas primarias y sí una mayor disposición a otras oportunidades y capacidades enfocadas a sectores especializados, y por supuesto, mejor remunerados.
La población migrante nicaragüense, que se movilizó hacia Costa Rica por persecución política y por la amenaza contra su vida, ha puesto en evidencia, que Costa Rica apenas puede atenderla de forma temporal. Las opciones de participación de estas personas son más reducidas, están enfocadas en el trabajo manual y las actividades informales, sin mayores garantías o beneficios sociales.
Hay que reconocer que el país no tiene capacidad o no quiere generar espacios equitativos para la incorporación de profesionales provenientes de otros países, pero tampoco lo ha logrado con los nacionales. Uno de los ejemplos más claros es la no aceptación de personal médico graduado en otros países, pues contradice todas las previsiones que los Colegios de Médicos y Cirujanos y profesiones afines, han establecido en defensa de sus intereses gremiales, que no necesariamente responde a una situación de xenofobia.
El panorama es más complejo cuando se confrontan intereses gremiales y no se evalúan las capacidades reales del país para atender responsabilidades adquiridas en el marco de convenios, tratados internacionales, o se califica como xenofobia situaciones propias de la desigualdad. Ante este tipo de situaciones sí debería considerarse la integración como una forma de avanzar en la solución de esta problemática. Atender a poblaciones en condición de vulnerabilidad, excluyendo de la ecuación a otros que también son vulnerables, sí promueve la xenofobia.
Los contenidos publicados expresan la opinión del autor y autora, y no necesariamente la visión de la Fundación Konrad Adenauer.
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