¿Es justo medir con el mismo índice a la Municipalidad de Upala y a la de Cartago, o a la de Oreamuno y la de Palmares? Son solo dos ejemplos, pero se pueden mencionar más de los 82 gobiernos locales que hay en Costa Rica, cuyos presupuestos y realidades geográficas, sociales y económicas son muy diversos.
Para Fabio Escalante, administrador y abogado, y quien trabaja como consultor especializado en el régimen municipal, la medición debería ser diferenciada y se requiere además una planificación por región que les permita a los gobiernos locales acceder a recursos y a proyectos viables.
No se trata de dejar a las municipalidades hacer y deshacer a su gusto. Obviamente, afirma el experto, deben estar rigurosamente sometidas al escrutinio presupuestario y evaluadas por la Contraloría General de la República. La traba está en otra parte. “Así como hay mucho control, así como se les exige mucho cumplimiento, hay muy poco apoyo y muy poca diferenciación de lo que vive una comunidad”.
Según el Índice de Gestión de los Servicios Municipales (IGSM), publicado en octubre del 2021 (antes conocido como Índice de Gestión Municipal, IGM), el 91% de las municipalidades del país no superan un nivel de madurez intermedio, y sólo siete (9%) alcanzaron un nivel “avanzado”. Estas últimas fueron: San Pablo, Palmares, Cartago, Santa Ana, San Rafael, San Isidro y San Carlos.
El IGSM está enfocado en evaluar los principales servicios que prestan, un total de 118 indicadores distribuidos en dos grandes agrupaciones: de servicios públicos municipales básicos (prestados por todos los municipios) y diversificados (que no los prestan todas las municipalidades). La nota final obtenida se denomina “nivel de madurez”. Tanto las municipalidades que brindan servicios básicos como diversificados son evaluadas en los mismos tres ejes.
Los ocho servicios básicos son: recolección de residuos sólidos, depósito y tratamiento de residuos, aseo de vías y sitios públicos, urbanismo, red vial cantonal, alcantarillado pluvial, servicios sociales y complementarios, servicios educativos, culturales y deportivos. Los diversificados son: agua potable, zona marítimo-terrestre, y seguridad y vigilancia.
“Se mide igual a todas las municipalidades, aunque la Contraloría diga que no. Por ejemplo, un índice le pide a las municipalidades que mida la satisfacción de los usuarios, que se mida el impacto que ha tenido el servicio de aseo de vías, en las comunidades, la recolección de residuos. Pero eso yo lo puedo hacer en San José, aquí tienen X cantidad de camiones y X cantidad de personas…En Los Chiles o en Upala, en la zona sur ese aseo de vías no se hace, no se cobra y no se brinda”, detalla Escalante quien en su trabajo ha recorrido muchas de estas comunidades.
“El alcalde de Hojancha, por ejemplo, no tiene recursos para seguridad y vigilancia. Con costos tiene para cumplir con lo mínimo en un cantón tan pequeño y tan limitado de recursos. Ese tipo de cosas, creo yo, es lo que han venido a entrabar el proceso de desarrollo de las corporaciones municipales”, insiste.
Escalante explica que con la Ley General de Transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades ( 8801),aprobada en abril del 2010, se les otorgó independencia a los gobiernos locales lo que les permite ejecutar su presupuesto y desarrollar proyectos comunales.
El embrollo se presenta cuando después de esa ley se aprobaron cuatro más (las 8003, 8279, 9158 y 8292) que buscaban la transparencia y la rendición de cuentas, pero, según el experto, al crear tantos controles, las municipalidades se ven obligadas a completar una serie de informes e índices para la Contraloría General de la República, que entraban su trabajo.
“El último informe de la Contraloría les dice a las municipalidades que solo siete están en un nivel aceptable…. muchas optan por decir ‘o le cumplo a los ciudadanos o le cumplo a la Contraloría, entonces prefiero salir mal en el índice y cumplirle a la gente´. Otras dicen ´hay que cumplirle a las dos y no tengo los recursos´. Hay un bache, el modelo de control está basado en leyes que no están dentro de la realidad municipal, o de los procedimientos que deberían de hacerse”, reflexionó Escalante.
Planificación por región
¿Qué debería hacerse entonces? El experto cree que falta una planificación diferenciada por región. “Yo no sé si será el IFAM (Instituto de Fomento Municipal) el que nos ha dejado un poco con las ganas de que se genere un plan de desarrollo municipal por región, que sintonice un poco más en las necesidades municipales”, expresó.
Escalante ha realizado estudios con organizaciones como la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Fundación Konrad Adenauer, en zonas como Coto Brus o Golfito y han podido observar como por ejemplo, las necesidades entre la bajura y la altura son completamente diferentes. “Y usted ve el índice con que miden a las municipalidades y es el mismo… Llene lo mismo para todas”.
Además, los gobiernos municipales deben de ajustarse a limitaciones como el hecho de que no pueden tomar recursos de un programa y ejecutarlos en otro, y para hacerlo deben pedirle permiso a la Controlaría General de la República. “Eso es un tema, la municipalidad hace un presupuesto extraordinario, lo manda a la Contraloría y a veces dura tres meses. Al regresar esos programas a veces ya están desfasados, otros se devuelven, se rechazan por tecnicismos o por algunas limitaciones”.
El experto está claro en que hay que cumplir con el principio de legalidad y si existe algo incorrecto se debe modificar. Sin embargo, reclama que, por ejemplo, a los gobiernos locales no se les brinda la asesoría necesaria para que dejen de incurrir en el mismo error.
Rápidamente hace una lista de programas que desarrollan muchas municipalidades para el bien de la comunidad como los de apoyo a pequeños emprendedores, adultos mayores, mujeres, apoyo a jóvenes para evitar la drogadicción y el suicidio. Con la pandemia del COVID-19 muchos dejaron de existir. “Es un efecto multiplicador, la gente se queda sin trabajo, no tiene cómo pagar sus impuestos, los recursos que entran a las municipalidades son limitados. Los presupuestos a veces por errores procedimentales no son autorizados y la municipalidad tiene que ejecutar el presupuesto del año anterior que ya de por sí venía desfasado, y hay que esperar si un extraordinario le permite redirigir recursos a otro lado, son una serie de limitantes…”.
La colaboración existe, dice, por parte de organizaciones como la UNGL, la Konrad Adenauer o el Centro de Capacitación en Administración Pública (CICAP), pero a pesar de que hacen grandes esfuerzos es imposible cubrir todas las necesidades cuando hay municipalidades sin presupuesto o personal suficiente (por ejemplo, hay municipalidades donde laboran cuatro personas).
“Nuestro concepto de corporación municipal es extraordinariamente bueno. Me parece que la autonomía es donde está un poco el pero, el formato, el cómo se ejecuta, la atracción de los recursos y la generación de los recursos. para poder desarrollar proyectos que sean sostenibles”, expresa.
Para muchos gobiernos locales es imposible conocer las necesidades de sus comunidades porque carecen de los medios para hacerlo. Hay algunas, cuenta Escalante, donde “con costos tienen un sistema operativo en sus unidades, que todavía llevan cosas a mano”, donde sus ciudadanos se enteran de lo que va a hacer la municipalidad porque “pasan los camiones con un perifoneo o llega un volante. Están en la época de piedra, entonces a veces es muy complicado saber cuáles son las necesidades que tienen si ni siquiera pueden informarse”.
La legislación que rige a las municipalidades, asegura, está dirigida a controlar la ejecución, pero ninguna está orientada al fomento de la ejecución municipal. “Esa es la parte que necesitamos reestructurar, designar recursos para que las municipalidades, que son las que viven en el mundo municipal, puedan hacer un proyecto de ley para el fomento, el estímulo de las zonas de las regiones, cada una es diferente, independiente. Para que puedan priorizar en las cosas que realmente necesitan”.
Los contenidos publicados expresan la opinión del autor y autora, y no necesariamente la visión de la Fundación Konrad Adenauer.
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