Las presiones al ejercicio de la libertad de prensa van en aumento

La libertad de prensa se construye desde una gestión efectiva del periodismo por parte de periodistas y medios de comunicación, y requiere un entorno favorable para el acceso a la información y el ejercicio del trabajo en un ambiente amplio de respeto.

Las limitaciones para obtener información pública, la cual es prácticamente la totalidad de información que se genera en las instituciones del Estado, son barreras altas al ejercicio de la libertad de prensa. Si a esto se suman las presiones directas o indirectas de parte del poder político para limitar el ejercicio de periodistas y medios, los riesgos alcanzan niveles de alta peligrosidad. Una prensa debilitada también cercena los pilares de la democracia de un país. El libre flujo de información es necesario para una ciudadanía responsable y un poder político que rinda cuentas, y la prensa tiene un rol destacado en la difusión de información.

Costa Rica ha sido un país privilegiado en el ejercicio de la libertad de expresión producto, directamente, de su tradición democrática y la fortaleza de sus instituciones. Las leyes han estado ausentes. Los delitos contra la prensa son de naturaleza penal y, más allá de eso, son las resoluciones de la Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos los que han definido el marco normativo. 

Esas garantías se reflejan en una solidez en el desarrollo de la libertad de prensa que permite que Costa Rica se ubique en la posición número 8, en el mundo, en el ranking global que elabora la organización Reporteros sin fronteras.

Acceso a información

Hace 25 años se produce una importante sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, el caso conocido como Claude Reyes vs Chile, donde se remarca la obligatoriedad de la entrega oportuna de información pública a cualquier persona ciudadana de un país. Sin información se viola un derecho fundamental.

Costa Rica no cuenta con una ley de acceso a la información pero sí, como se señaló, con una extensa jurisprudencia de la Sala Constitucional. 

Fallo tras fallo la Sala Cuarta confirma a las autoridades al frente de la institucionalidad pública que no es válida ninguna negativa de entrega de datos solicitados. También se insiste en un cambio que es, incluso, más difícil que lograr una ley –hay un proyecto en ese sentido con bastante consenso para su aprobación–, y es la existencia de una cultura de rendición de cuentas en las organizaciones públicas. Hablamos, por ejemplo, de sitios en Internet con la información de todo lo que se tramita en la institución, con las actas de sesiones de las principales autoridades, estados financieros en formatos abiertos, proyectos y documentos, todo organizado para ser encontrado, entendido y descargado fácilmente.

Cuando las autoridades políticas al más alto nivel desprecian la transparencia, se burlan de quienes preguntan por información de interés público, niegan la posibilidad de que se tenga acceso a actas de reuniones, por citar tres casos de la actualidad en Costa Rica, se da marcha atrás en cualquier esfuerzo de promover una cultura organizacional de suministro de datos públicos.

Es decir, entre las negativas continuas de entregar datos y las presiones para limitar el ejercicio profesional del periodismo, hay relación y hasta apalancamiento.

Otro caso relevante, fallado por la Corte Interamericana, el caso Mauricio Herrera vs Costa Rica, defiende la reproducción de información de interés público. La jurisprudencia internacional es amplia en ese sentido.

La máxima divulgación debe ser un principio rector de cualquier Gobierno y autoridad de turno, y de la gestión administrativa de todas las instituciones públicas. Así también lo señaló la Corte en el caso Gomes Lund vs Brasil. 

Los funcionarios públicos deben reconocer su rol de servicio mediante la transparencia del trabajo que desarrollan, de la orientación a la ciudadanía para satisfacer sus necesidades respecto a la entidad en la que laboran, y atender de forma oportuna los requerimientos de parte de la prensa. Debe además existir una conciencia de que cualquier persona que intencionalmente niega u obstruye el acceso a la información viola un derecho humano.

Censura y amedrentamiento

Impedir el acceso a información es censura previa. Atacar a la prensa de forma continua y ridiculizar a la persona que ejerce el periodismo puede tener como consecuencia la autocensura. De la censura también puede participar un medio que manifiesta a su equipo de periodistas que deben evitar la cobertura de ciertos tipo de temas o moderar el tono de sus informaciones relacionadas con el Gobierno de turno. Todas estas situaciones se están viviendo en Costa Rica en la actualidad.

El amedrentamiento, las amenazas veladas o directas, el hostigamiento, el control de las comunicaciones, el espionaje, cercenan de forma excesiva la independencia periodística.

Otra práctica que se ha convertido en acción sistemática en distintos gobiernos de América Latina es mostrar una imagen sobre “los buenos medios” y “los malos medios”, los “buenos periodistas” y “los malos periodistas”. Este mensaje se hace llegar a la ciudadanía de forma continua. A los “buenos” se le dan noticias, a los “malos” se les obstaculiza el trabajo. Las preguntas pre asignadas, la regulación de preguntas, la limitación de repreguntas, son otras formas de limitación y control del ejercicio de la libertad de prensa. Además agrietar o generar enfrentamientos entre los medios es otro mecanismo utilizado por algunas autoridades de turno. También lo hemos visto en Costa Rica en los últimos meses. La pluralidad de medios es indispensable, y todos deben coexistir y ser seleccionados por las audiencias según sus interés y el depósito de confianza que merecen, no se deben limitar unos u otros por razones políticas.

Otorgar publicidad oficial a “los buenos” y frenarla a “los malos”, es decir, repartir discrecionalmente no por información objetiva de los medios sino por criterios subjetivos, es otra forma de coerción directa.

La organización de los ataques a la prensa, mediante distintos “voceros” dentro de las personas con autoridad política, promoviendo el uso de las mismas palabras y descalificaciones, y extendidos en violencia digital mediante empresas contratadas para dichos fines, son mecanismos de limitación cada vez más continuos y complejos. Las mujeres periodistas son foco especial de dichos ataques; eso es algo inaceptable.

De la violencia digital a la violencia física hay poca distancia, como se ha materializado en distintos países, con incluso la salida forzosa de periodistas para ejercer su trabajo desde otras naciones.

Conocer y entender las presiones al ejercicio de la libertad de prensa es necesario. La prensa y otras organizaciones deben organizarse para denunciarlas a nivel nacional e internacional, el no hacerlo no contribuye en su eliminación y más bien impide que una presión local y externa ayude a reorientar el ejercicio de la gestión pública en un país.

Los contenidos publicados expresan la opinión del autor y autora, y no necesariamente la visión de la Fundación Konrad Adenauer.