La cantidad y la generación per cápita de residuos continúa creciendo en Costa Rica pese a las políticas de disminución de residuos
Aunque existen leyes y planes de acción relacionados con el aprovechamiento y valorización de los desechos, solo el 6% de éstos se recupera. Es decir, el 94% de los desechos terminan en los rellenos sanitarios o en sitios inadecuados como los ríos o lotes baldíos.
Esto demuestra que el esfuerzo normativo no se está traduciendo en resultados concretos, concluye el investigador Julio Guzmán Martínez en el estudio “Transitando a la circularidad: claves para la gestión de residuos” publicado por la Academia de Centroamérica”, publicado por la Academia de Centroamérica y la Fundación Konrad Adenauer en noviembre del 2022.
El estudio se realizó para implementarse como una especie de guía con una serie de recomendaciones prácticas que pueden ser tomadas por los municipios.
La investigación comprobó además, que el 10% de los residuos totales se dispone en sitios no controlados como por ejemplo, los ríos, enterrados o quemados, lo que lleva a riesgos de contaminación del agua, aire y suelo.
Según datos del Ministerio de Salud, las tres provincias con mayor generación de residuos ordinarios durante el 2020, fueron San José con un total de 499.846 toneladas, Alajuela con 328.588 toneladas y Heredia con 181.163 toneladas. La mayor parte de los desechos proviene de los hogares (81%).
El servicio de recolección abarca a toda o casi toda la población en los cantones urbanos, pero en los rurales existen deficiencias de tipo presupuestario y de infraestructura, que les impide llevar este servicio a quienes habitan en las zonas más alejadas.
El objetivo de la investigación fue analizar los datos sobre desechos domésticos, industriales y peligrosos en el país y brindar recomendaciones de política que se puedan implementar, principalmente, desde los gobiernos locales. Las recomendaciones se fundamentan en la economía circular como alternativa para la gestión de residuos de manera sostenible.
Guzmán resaltó que el mayor esfuerzo se debe realizar a nivel municipal, con el fin de tener una incidencia directa y poner en práctica los principios de economía circular.
Crece cantidad de planes y acciones
El estudio comprobó que el programa de gestión ambiental institucional (PGAI) ha incrementado la cantidad de municipalidades, instituciones y empresas públicas, que cuentan con planes de gestión ambiental.
Además, en el país “disminuyó el uso de bolsas plásticas provenientes de supermercados y aumentó el desecho de cartón en los hogares, probablemente debido a las medidas adoptadas por los supermercados de cobrar por las bolsas plásticas y ofrecer cajas a los compradores”.
Determinó que un grupo de municipalidades llevan a cabo programas de educación y divulgación de información para el público con el fin de crear conciencia acerca de sus beneficios, algunas han sido galardonadas por el Programa Bandera Azul Ecológica y otras son parte de programas como “e-coin”. Existe una iniciativa público-privada llamada e-colones, que fomenta el reciclaje entre la población mediante reconocimientos en cupones, promociones y canjes en comercios y ya cuenta con cerca de 25 empresas.
También hay iniciativas de recolección de reciclaje y/o productos elaborados a partir del reciclaje, los cuales están estructurados en un esquema de economía circular.
Con respecto a la normativa, la investigación identificó la siguiente legislación relacionada con los desechos: la Constitución Política, la Ley general de salud (1973), y la Ley para la gestión integral de residuos (2010). Además, una serie de reglamentos como el Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos (2021), Reglamento General para la clasificación y manejo de residuos peligrosos (2018) y el Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Privados o Públicos (1998).
Existen instrumentos como la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos, el Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2019-2025 y los Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PMGIRS).
A nivel municipal, destaca por ejemplo, la conformación del grupo de municipalidades Komunitas (conformado por las municipalidades de Desamparados, Curridabat, Montes de Oca, La Unión y San José), las cuales, con el apoyo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), desarrolló el reglamento mancomunado de la gestión integral de residuos. Juntos crearon una guía paso a paso para facilitar la transición hacia una economía circular desde los gobiernos locales.
De leyes y políticas
El investigador concluye que existe una “razonable estructura normativa a nivel nacional y municipal” que incluso incluye la responsabilidad en el manejo de desechos del productor (de algún bien). Sin embargo, pide ampliarla a compromisos internacionales asumidos o por asumir por parte del país.
Además, considera importante ampliar los mecanismos de sensibilización con respecto a la responsabilidad extendida del productor y promover incentivos por un buen cumplimiento.
Guzmán observó un vacío con respecto a la gestión de residuos orgánicos y detalló que el Ministerio de Salud está elaborando un reglamento que debe ser revisado para articularlo al Plan Nacional de Compostaje 2020-2050 publicado en enero del 2020.
Ante esa carencia, el experto recomienda consolidar el reglamento de gestión de residuos sólidos que se encuentra en elaboración por parte del Ministerio de Salud para articularlo con el Plan Nacional de Compostaje y promover así acciones específicas que fortalezcan las iniciativas municipales.
El autor aboga además por incentivar el compostaje en los hogares, difundiendo y capacitando a la población en el paso a paso de esta práctica, sus usos y destino final, así como gestionando la entrega gratuita o financiada de las composteras. También sugiere brindar incentivos como la reducción de tasas municipales a quienes composten.
El estudio comprobó que el 10% de los residuos totales se dispone en sitios no controlados, lo que lleva a riesgos de contaminación del agua, aire y suelo.
Información disponible y financiamiento
Con respecto al manejo de la información, el autor detalla que cada municipalidad posee los datos de la cantidad de residuos orgánicos que se generan en su territorio y es responsable de incluirlos en un formulario que entrega al Ministerio de Salud. Sin embargo, no hay claridad sobre cómo se maneja esa información y cuál es actualmente su uso.
“Existe información dispersa y eventualmente desactualizada a nivel nacional”, se detalla en el documento. Por ejemplo, las municipalidades pueden aportar datos de recolección y disposición de residuos, no de generación.
El autor recomienda consolidar los sistemas de gestión de la información relacionados con datos de manejo de residuos ya que hoy existen dos sistemas de manejo de información institucional relacionada con residuos, que están pendientes de ser implementados: el Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (SINIGIRH) y el Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climático de Costa Rica (SINAMECC).
Además, se debería diseñar e implementar herramientas estandarizadas para el monitoreo y evaluación, así como del control de calidad de la información. Actualmente el monitoreo y evaluación municipal no se publican. El diseño de los instrumentos de monitoreo y evaluación podría llevarse a cabo con el apoyo de la cooperación internacional.
Guzmán también hace un llamado para que el Ministerio de Educación Pública valore restaurar el Programa de Bandera Azul Ecológica en los centros educativos ya que hubo una directriz que la volvió opcional. “Su promoción en el sistema educativo formal ha sido un mecanismo de sensibilización y formación para las personas estudiantes”, destacó.
El autor considera que se deben crear actividades municipales para promover la cultura de gestión de los residuos, donde participen niños, escuelas e instituciones de educación especial, entre otras, con el fin de promover el involucramiento a nivel individual.
Otro de los problemas de que se carezca de las herramientas estandarizadas para el monitoreo y la evaluación de la información relacionada con el manejo de residuos es que no se puede acceder a los datos, tampoco el autor del estudio encontró informes anuales del Ministerio de Salud, esto a pesar de que es obligación de esa cartera emitir un informe anual.
Con respecto al manejo de residuos hospitalarios, el experto indicó que pese a que existe “un reglamento para la disposición final de medicamentos, materias primas, y sus residuos y un programa de gestión ambiental institucional PGAI, así como diferentes tipos de reportes, no se encontró información sobre el manejo de residuos de hospitales”.
Tampoco se encontraron estadísticas o información para determinar cómo está funcionando la importación y exportación de productos y residuos. En Costa Rica existe normativa al respecto como la Guía para la Importación o Exportación de Residuos Provenientes de Países Miembros de OCDE y la Ley para la Gestión Integral de Residuos (GIRS).
Ante esto, el autor propone diseñar e implementar mecanismos de publicación de esas estadísticas, que respondan a las obligaciones de transparencia y acceso a la información.
Las municipalidades, según se detalla en el informe, carecen de suficientes fondos para ejecutar los programas de manejo de desechos por lo que es necesario crear tasas e incentivos fiscales. Para eso será necesario realizar “acciones a nivel internacional para
el intercambio de conocimientos y experiencias, potenciar acuerdos de cooperación y búsqueda de fondos”. De esa forma se podrá identificar prácticas exitosas a nivel internacional sobre temas como incentivos fiscales y diseñar experiencias piloto.
Con respecto a los planes municipales, Guzmán recomienda promover el intercambio de experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas entre los gobiernos locales para así mejorar la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) y para eso sugiere buscar apoyo de agencias y organismos internacionales, y alianzas con actores clave y una mayor utilización de las redes sociales.
Otro de sus aporte es replicar el modelo del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) sobre manejo de residuos institucionales en el que se define el alcance, la responsabilidad extendida del productor, los procedimientos generales y la rectoría dentro del Instituto en cabeza de la Oficina Institucional de Seguridad e Higiene Industrial. La recomendación es específicamente para el manejo de desechos peligrosos.
Los contenidos publicados expresan la opinión del autor y autora, y no necesariamente la visión de la Fundación Konrad Adenauer.
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