Apuntes acerca de la participación política de las mujeres y la seguridad de cara a las elecciones municipales 2024

Las elecciones municipales de Costa Rica de 2024 se celebrarán en un contexto muy crispado en términos de la situación de (in)seguridad que atraviesa el país, simplemente sin precedentes, por un lado; y, por el otro, con relación a la participación política de las mujeres que tendrá una mejora a pesar de la exclusión, discriminación y falta de visibilización debido a la cultura machista y al sistema patriarcal del país que han caracterizado hasta ahora a los comicios municipales.

Este artículo tiene el propósito de plantear algunos aportes relativos a las circunstancias actuales de estos dos temas y registrar unas sugerencias que puedan ser tenidas en cuenta en la formulación de políticas públicas locales o bien en los planes de gobierno de los partidos políticos que tomarán parte en la contienda.

Elecciones municipales 2024 y participación política de las mujeres

El TSE ha catalogado estas elecciones “como las más complejas de la historia” por la cantidad de partidos (144 inscritos y 26 en proceso de revisión de requisitos al 7 de marzo 2023), el número de cantones (84), los miles de puestos en disputa (más de 6.500 cargos) y tener que trabajar con plazos de organización definidos en un momento socio histórico distinto. 

Uno de los elementos más relevantes para mejorar la participación política de las mujeres en los gobiernos locales es la Sentencia de la Sala Constitucional número 2023-002951 de 8 de marzo del 2023 que indica que la paridad horizontal debe cumplirse para todos los puestos uninominales de elección popular en los gobiernos locales, lo cual incluye los cargos de alcaldías, sindicaturas e intendencias. Esta decisión ensancha la participación de las mujeres en las candidaturas y en los resultados finales de las elecciones municipales, sin duda, una gran noticia para el mejoramiento del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. La ministra de la Condición de la Mujer y presidenta del INAMU externó su satisfacción diciendo que la fecha quedará en la historia como un logro más que permite avanzar hacia la garantía de derechos, superando las condiciones estructurales de discriminación y violencia estructural hacia las mujeres que ellas han enfrentado históricamente. El 7 de marzo del 2023 el TSE anunció las reglas específicas para cargos uninominales (alcaldías, sindicaturas e intendencias) que los partidos deberán respetar. 

Será hasta después de las elecciones del 2024 que se pueda evaluar los resultados de esta nueva normativa que como se dijo, tiene el fin de facilitar la elección y la participación de más mujeres en la vida política mediante los cargos de elección nominal subnacionales sean alcaldías, sindicaturas e intendencias. En la siguiente figura se aprecia la baja elección histórica de mujeres como alcaldesas a partir de 2002 en que la elección de alcaldes es directa de conformidad con la reforma del Código Municipal de 1998. Ello sin duda, es el mejor reflejo de la desigualdad persistente y la dificultad para que las costarricenses ejercieran sus derechos políticos a ser electas. Las elecciones de 2024 serán una oportunidad excepcional para empezar a revertir dicha discriminación y promover los liderazgos femeninos en la política local.

Seguridad ciudadana local con enfoque de género y elecciones 2024

Actualmente, una de las mayores preocupaciones para la población y los gobiernos de las ciudades es el aumento de la criminalidad, la violencia y la percepción de inseguridad. A escala local la violencia contra las mujeres es de las manifestaciones más notables. En ese tanto, los gobiernos locales que resulten electos en el 2024 tienen el compromiso de abordar y atender el problema de esta violencia en sus territorios con políticas públicas locales basadas en la perspectiva de género para brindar respuestas eficaces a una situación que afecta la condición de ciudadanas de las mujeres. 

El tratamiento de la seguridad a escala local tiene que hacerse desde el enfoque de derechos humanos, que entiende la inseguridad como toda amenaza a la integridad y realización humana y está en función de las necesidades humanas de las personas. La seguridad humana implica proteger las libertades vitales, significa proteger a las personas expuestas a amenazas y a ciertas situaciones, robusteciendo de ese modo sus fortalezas y aspiraciones.

Los gobiernos locales, a partir del rol activo que les corresponde en la gestión y desarrollo de sus territorios, sin duda son los actores naturales para promover los cambios necesarios, y generar las condiciones para rechazar todo tipo de violencia contra las mujeres.

La violencia de género es una violación a los derechos humanos de las mujeres y tiene que ser incluida necesariamente en las políticas de seguridad subnacionales, para ello, algunos criterios básicos que los gobiernos locales deben tener en cuenta para incorporar la perspectiva de género en sus políticas de seguridad son:

Integralidad: atender tanto las situaciones de exclusión como de vulnerabilidad de las mujeres para mejorar su calidad de vida.

Acciones afirmativas: acciones correctivas para superar la discriminación y desigualdad de las mujeres respecto de sus necesidades y derechos.

Capacitación: de todos los actores locales.

Transversalidad: la equidad de género debe atravesar toda la agenda local.

Coordinación: procurar la colaboración entre las distintas áreas del gobierno local, entre gobiernos locales y entre el gobierno nacional y los locales.

Intitucionalización: incorporar la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en la normativa local y en las estructuras organizacionales del gobierno local para permitir la sostenibilidad permanente en las instancias políticas y acciones de equidad de género.