Necesidades y retos que enfrentan adolescentes y jóvenes

Necesario es llamar la atención de la inexplicable ausencia del tema de las necesidades y retos que enfrentan adolescentes y jóvenes de nuestro país. Se ha convertido en un lugar común invisibilizar a esta población, ante una realidad de crecientes amenazas que impactan negativamente a este grupo etario.

No puede dejar de encabezar estas amenazas la calidad y cobertura de la educación actual, donde arranca en la pre pandemia con el 52 % de las personas con edades entre los 18 y los 24 años que no han concluido su secundaria, sumándose el apagón educativo directamente relacionado a los serios problemas de conectividad e infraestructura educativa. El resultado combinado de estos factores lo resumen el Informe Estado de la Educación 2023, en donde se destaca que el cierre de centros por la pandemia provocó pérdida de 2 años de escolaridad en general, que solo 9 de cada 100 centros ofrecen un currículo completo, que hay una significativa pobreza de aprendizaje y un ensanchamiento de la brecha de género. Se suma a esto el que 4 de cada 10 estudiantes son personas pobres.

Como parte de este problema, un avance significativo como lo es el Programa de Sexualidad y Afectividad del Ministerio de Educación Públca (MEP), enfrenta la debilidad significativa de no aplicarse de manera sistematizada en los últimos años de primaria, lo cual es estratégico. Una investigación llevada a cabo por la  Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños y la Asociación Pro Desarrollo Saludable de la Adolescencia en el año 2019 (PAIS2019), en donde se encuestaron a 9223 estudiantes de secundaria de todo el país, se encontró que adolescentes tienen pésimos conocimientos protectores en el tema de sexualidad y son otros factores como permanecer en el colegio o el  desarrollo de contenidos adicionales del Programa de Sexualidad y Afectividad del MEP o intervenciones focalizadas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), lo que disminuye el riesgo en salud sexual y reproductiva. Lo anterior confirma la necesidad de reforzar y actualizar este programa.

A la par de esta realidad, se encuentran las personas entre los 15 y los 24 años excluidos del sistema educativo , enfrentados a un porcentaje de desempleo cercano al 35%, para los cuales es una prioridad que desarrollen competencias y habilidades técnicas o vocacionales que le permitan conseguir un trabajo o desarrollar un emprendimiento propio. Esta gran deuda es cercana a muchos adolescentes y jóvenes y es aquí donde instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), CCSS, Ministerio de Trabajo y el sector privado deben jugar un papel protagónico. 

Si las debilidades son enormes en educación y empleabilidad, se suma una más en el campo de la salud integral.

Lamentablemente en Costa Rica se han desatendido las acciones de promoción, prevención y atención en salud integral de la población adolescente y joven, con las contundentes consecuencias negativas de este abandono. Ejemplos sobran, la casi nula atención en salud mental previa y exacerbado por la pandemia de la Covid 19, la epidemia de obesidad, en donde se pasa de un 34 % de sobrepeso y obesidad en la infancia a un 60 % a partir de los 22 años; a un 30 % de los adultos hipertensos y un 14% diabéticos tipo 2 y un aumento de infartos cerebrales y al miocardio en personas jóvenes que reflejan este deterioro.

Los datos existentes demuestran que es en la adolescencia es donde se adquieren hábitos que pueden poner en riesgo la salud presente y futura, lo que empeora ante una irresponsable respuesta estatal preventiva. Además, si estas amenazas no fueran suficientes, se agregan leyes como el fallido intento de financiamiento del deporte a través de la propaganda del licor o el proyecto de legalización de la marihuana mal llamada recreativa aún en la corriente legislativa, que tiene peligrosos portillos que ponen en riesgo a la población adolescente y joven.

Dentro de este panorama, la violencia en todas sus formas se ensaña con esta población y la situación nacional muestra que la mayoría de las víctimas de accidentes de tránsito, suicidios y homicidios, estos últimos como víctimas y victimarios, son personas menores de 35 años. Datos recopilados recientemente por la Universidad Hispanoamericana que analizan la mortalidad violenta y accidental 2000-2022, corroboran lo anterior: el 49% de los suicidios, el 59.5% de los homicidios, el 52.3% de los ahogamientos y el 46.7% de los accidentes de tránsito las víctimas tienen menos de 35 años.

Complementario con lo anterior, la investigación realizada en el 2019 (PAIS2019), encontró que el 13% de los 9223 estudiantes de secundaria encuestados, manifestaron haber planeado suicidarse, 18% habían tenido ideación suicida, 9% llevan armas en la calle y un 5 % en el colegio. 

Finalmente es una imperiosa necesidad incorporar a adolescentes y jóvenes en la discusión y ejecución de políticas y programas que los involucren. En un foro de discusión reciente, donde jóvenes plantearon que esperaban del gobierno, se puso de manifiesto la comprensión de las necesidades y la desatención a las mismas que percibe esta población. Un joven limonense dio una precisa fotografía de lo que enfrentan “nos destacamos por atletismo o por el narcotráfico” y una de las jóvenes claramente expresó “ya nos han quitado suficiente y ya saldría protestar a la calle “

 Lo paradójico es que existen los espacios de coordinación interinstitucional e intersectorial para ejecutar una verdadera política pública de adolescencia y juventud que subsane estas deudas, pero se han desaprovechado. Es mucho más lo que se espera del Consejo de la Niñez y la Adolescencia, del Ministerio de Cultura y Juventud, de la CCSS, del Ministerio de Deportes, del Consejo de la Persona Joven, entre otros.

Si en el tema de educación nos asombra el desinterés estatal es más inconcebible que la problemática y las necesidades que enfrentan adolescentes y jóvenes, incluido la educación, hayan sido abandonadas, contribuyendo significativamente al deterioro del desarrollo saludable de esta población y creando las condiciones que atentan contra la paz social.