El Estado de Derecho y su importancia

El Estado de Derecho es un principio fundamental en la organización y funcionamiento de las sociedades modernas, en especial en las sociedades democráticas. Su existencia permite que todas las personas, independientemente de su estrato social, económico y político, estén sujetas a la ley y que se garanticen los derechos y las libertades individuales.  

Existen algunos aspectos que conviene destacar que caracterizan el Estado de Derecho:

Igualdad ante la ley 

Uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho es la igualdad ante la ley. La existencia de este principio permite el acceso y la aplicación de la ley a todas las personas, de manera igualitaria y gozando de los mismos derechos y protecciones legales. Esta igualdad impide la discriminación y asegura que todos los individuos sean tratados con justicia y equidad. 

La igualdad ante la ley también significa que los gobernantes y funcionarios públicos están sujetos a las mismas leyes que los demás ciudadanos. Ello garantiza que no existan privilegios o inmunidades para los que transitoriamente ejercen el poder, y que, además, sean responsables de los actos u omisiones cometidos en el ejercicio del cargo. De esta manera se evita la arbitrariedad y el abuso de autoridad, promoviendo un sistema en el que nadie está sobre la ley.

Protección de los derechos y libertades fundamentales

En todas las Constituciones Políticas de Estados Democráticos encontramos incorporados un conjunto de derechos y libertades tanto individuales como sociales, para cuya aplicación y vigencia se vuelve indispensable un Estado de Derecho.  Por ello es fundamental la existencia de un sistema jurídico sólido, eficiente e independiente. Esos principios constitucionales como el derecho a la vida, a la libertad, al libre tránsito, a elegir y ser electos, a la libertad de asociación y de expresión, al debido proceso, a una justicia pronta, cumplida y justa, solo se alcanzan si tenemos un Estado respetuoso de esos derechos, sólido en sus instituciones y con una respetuosa y clara división de poderes. 

Ante los retos para proteger los derechos individuales, el Estado de Derecho proporciona los mecanismos necesarios para la defensa de ellos. Son los Tribunales de Justicia y los procesos legales los que permiten a las personas reclamar sus derechos y obtener reparación en caso de violación. Esto contribuye a la consolidación de una sociedad justa y democrática, en la cual los ciudadanos pueden confiar en que sus derechos sean protegidos y respetados.

Seguridad jurídica

Un aspecto fundamental del Estado de Derecho es la estabilidad y previsibilidad jurídica que proporciona. En un sistema basado en el Estado de Derecho, las leyes y normas son claras, consistentes y aplicables a todos los ciudadanos. Esto brinda certeza y seguridad jurídica, tanto a nivel individual como colectivo.

La estabilidad y seguridad jurídica son elementos esenciales para el desarrollo económico y social. Los individuos y las empresas pueden planificar sus acciones y tomar decisiones con confianza, sabiendo que las reglas existentes son claras y que se respetarán. Esto fomenta la inversión, el emprendimiento y el crecimiento económico, generando beneficios para toda la sociedad.

Límites al ejercicio del poder

El Estado de Derecho también juega un papel fundamental en el control del poder y la prevención del abuso por parte de los gobernantes. Al establecer límites y controles legales sobre el ejercicio del poder, se evita que este se convierta en un instrumento de opresión y abuso. La existencia de un sistema legal independiente y autónomo permite la fiscalización de las acciones de los gobernantes y la protección de los ciudadanos frente a posibles violaciones de sus derechos.

Además, el Estado de Derecho establece mecanismos para la rendición de cuentas de los gobernantes. Los funcionarios públicos deben actuar dentro de los límites establecidos por la ley y son responsables ante los tribunales y la ciudadanía. Esto garantiza que el poder se ejerza de manera responsable y en beneficio de la sociedad en su conjunto.

Es así como los ordenamientos jurídicos han incorporado estos principios en las diversas normas que regulan la vida institucional de los Estados, al igual que los encontramos en disposiciones de carácter internacional. 

En relación al Estado costarricense, el artículo noveno de la Constitución Política nos define el tipo de Gobierno, al que denomina popular, representativo, participativo, alternativo y responsable y establece la división de Poderes “distintos e independientes entre sí…”, y señala el principio de la separación de Poderes con claridad en cuanto a sus competencias.

El principio de legalidad está consagrado en el artículo décimo primero, según el cual los actos de la Administración deben de estar regulados por norma escrita, lo que significa el someterse a la Constitución y a la Ley.  Asimismo, el mismo artículo establece que los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y es la ley la que les señala las facultades que poseen. 

A partir del artículo 20 encontramos los derechos y garantías individuales, como el principio de libertad personal, el derecho a la vida, a la salud, el derecho a la integridad física y moral, la libertad de tránsito, entre otros. El artículo 25 y siguientes nos incorporan la protección de derechos fundamentales llamados también de proyección social, como el derecho de asociación, el de libertad de reunión y el derecho de petición. 

Tratándose de normas supranacionales, entre otras cartas y convenios, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su capítulo II, incorpora entre los deberes de los Estados y derechos protegidos el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la libertad personal, el derecho a la libertad de pensamiento, el derecho de reunión y la libertad de asociación. 

Importante destacar el apartado correspondiente a las garantías judiciales, artículo octavo y siguientes, que señala derechos como el de ser oído con garantías plenas y ser juzgado por juez competente, independiente e imparcial, así como el principio de legalidad y de indemnización. 

Si se tratara de la norma escrita, podemos afirmar que, en América Latina los Estados han evolucionado en la estructuración de un Estado de Derecho. Pero las realidades son otras. Aunque lo correcto sería analizar cada uno de nuestros Estados, no es ese el objetivo de este artículo, por lo que nos limitamos a mencionar aspectos en los cuales existen amenazas al Estado de Derecho.

Crisis de la democracia. 

Si observamos el nivel de apoyo y confianza que manifiestan los ciudadanos hacia el sistema político, no podemos dudar que en toda la región existe un crecimiento de los niveles de falta credibilidad de la democracia. Es muy probable, que estos resultados se deban a las dificultades que tiene el sistema para resolver y atender los requerimientos de las personas, situación que se traduce en cuestionamientos al sistema como tal, aunque también existen factores como los índices de corrupción y falta de transparencia que ayudan a esta pérdida de credibilidad.

Crecimiento del autoritarismo.

La crisis de la democracia ha traído una consecuencia muy delicada: la aparición de regímenes autoritarios y totalitarios en países en donde supuestamente existe un estado de derecho. No se trata de temas ideológicos, sino de conductas que están permeando el sistema político de los estados. 

Utilización de las instituciones democráticas para perpetuarse en el poder.

En algunos de los países de la región, quienes han detentado el poder han encontrado fórmulas diferentes a los históricos golpes de estado, para perpetuarse. Las reformas a las constituciones políticas para ampliar plazos en el ejercicio de la presidencia, el disolver parlamentos cuando no responden a la voluntad del soberano, así como someter los órganos electorales a los intereses de quien gobierna, sin importar su independencia, ha dado lugar a una nueva forma de mantener el poder autoritario mediante instituciones que son propias de la democracia.

Violación al derecho de asociación, a la libre expresión y a la libertad de tránsito.

Las expresiones de inconformidad por parte de los gobernantes ante las críticas que hacen los ciudadanos y los medios de prensa, hacen que tomen medidas que atentan contra derechos que son propios de un estado de derecho. Ejemplos claros de estas conductas tenemos en Venezuela, Nicaragua, el Salvador y Guatemala. Las acciones contra las organizaciones de la sociedad civil que protegen derechos humanos, son cada vez más agresivas y violentas. Cancelar sus inscripciones, expulsar del país a sus dirigentes y confiscar bienes de manera ilegal, son parte de las acciones contra estos grupos sociales.

El embate que sufre la prensa y los periodistas, atemorizándolos, cancelando sus medios y utilizando un lenguaje impropio contra ellos, ha hecho que algunos medios deban de emigrar a otros países para continuar su tarea periodística. 

Aumento de la inseguridad y represión.

En la región latinoamericana se encuentran algunas de las ciudades más violentas del mundo. Esto ha creado un clima de inseguridad, de temor y sufrimiento de la población civil, la cual experimenta por estas razones un cercenamiento de sus derechos a la paz, la seguridad y el libre tránsito.

La presencia de la criminalidad internacional ha creado territorios en donde el Estado no tiene control ni presencia, razón por la cual se habla de “estado fallido”, ya que son zonas en las cuales las bandas criminales ejercen una especie de “gobierno de esos territorios”. 

Ello ha dado lugar a que algunos estados, con el pretexto de una política de seguridad a la población civil, tomen acciones que violan derechos de ciudadanos, ya que de manera indiscriminada sufren detenciones y se dictan medidas de seguridad contra ellos sin seguir los procedimientos judiciales propios de un estado de derecho.

Desigualdad y deterioro de los servicios públicos.

Si algo positivo generó la pandemia covid-19 fue que desnudó el deterioro de los servicios públicos prestados por muchos Estados. Comunidades sin acceso a agua potable, electricidad; hospitales y clínicas de salud con serias limitaciones y centros de educación en pésimo estado, hacen que una serie de derechos mínimos de los ciudadanos no se atiendan de manera correcta.

La educación pública ha sufrido un tremendo deterioro en todos los países de la región y siendo un elemento fundamental para la movilidad social, ha dado lugar a un incremento de la desigualdad, reafirmándose la región como una de las más desiguales del mundo.

Estado de Derecho no es solo un concepto. Es respeto a derechos y obligaciones; son conductas y actitudes; es abrir espacios para el diálogo, la participación y la convergencia, es fortalecimiento de la democracia y es cultivar valores democráticos. En la región, falta mucho por hacer.