Esa pregunta se le podría hacer a cualquier costarricense, ya sea conductor de automóvil, vehículo de trabajo, o usuario de los servicios de transporte público, y difícilmente alguien respondería negativamente.
Todos sufrimos diariamente el caos vial, proyectos que duran más de 40 años en finalizarse como el de la Circunvalación, el pésimo estado de algunas de las carreteras, la falta de planificación vial, el deterioro de más de 500 puentes denunciado en múltiples ocasiones por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), y el escándalo político de corrupción más conocido como Cochinilla, para mencionar solo algunos problemas.
Luis Amador, nuevo ministro de Obras Públicas y Transportes, envió recientemente a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley “Fortalecimiento de competencias y rendición de cuentas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes”, el cual asegura es esencial para reestructurar esa entidad y lograr que sea eficiente.
PolítiKAS en línea invitó a dos expertos para que analizaran las ventajas y desventajas, o los riesgos de esta propuesta: Olman Vargas Zeledón, exdirector ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) (revise su artículo aquí) y consultor en Ingeniería de Transportes y Carreteras, y Carlos Trejos Rivera, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción (revise su artículo aquí).
Los contenidos publicados expresan la opinión del autor y autora, y no necesariamente la visión de la Fundación Konrad Adenauer.
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