Doscientos años de vida democrática de un país constituyen un momento preciso para mirar el pasado, revisar la ruta transitada, para reconocer los logros e interpelar lo pendiente, para dibujar y buscar consensos sobre el futuro. Este momento para nuestro país, Costa Rica, coincide con la pandemia derivada de la Covid-19, la cual ha transformado radicalmente la vida, la salud, la economía, las formas de relacionarnos y las dinámicas sociales y laborales, por lo que ambas coyunturas confluyen en la necesidad de avizorar nuevas rutas para atender las nuevas realidades.
En el contexto de una fecha tan importante, pretendo dar aportes que me permiten afirmar que Costa Rica ha caracterizado su ruta profundizando el modelo democrático. El Pacto Constitucional de 1949 significó un punto de inflexión al fortalecer los principios del Estado de bienestar social y establecer la democratización de los procesos electorales, instaurando el derecho al voto de las mujeres. También elevó a rango constitucional la institucionalidad que da soporte a estos principios, como la Caja Costarricense de Seguro Social y el Tribunal Supremo de Elecciones.
Esta Carta Constitucional declara al país como democrático, señala que el poder reside en el pueblo, quien expresa su voluntad a través del sufragio y su gobierno es entonces popular y representativo. La representatividad se enarbola como un elemento crucial de la democracia, y es este aspecto el que quiero profundizar y fundamentar bajo la perspectiva de un déficit democrático del país, que no es extraño al resto de América y, en general, del mundo, que se caracteriza por la ausencia de mujeres en los puestos de toma de decisión.
Durante estos 200 años, las mujeres estuvimos ahí, haciendo historia sociopolítica y consolidando la nación; sin embargo, esta participación ha sido históricamente invisibilizada, desplazada o minimizada. Lo cierto es que las mujeres no aparecen como protagonistas en los libros de historia, ni cuelgan sus fotos en los salones de honor.
Los cambios logrados en este periodo no se han dado por voluntariedad, sino por el desarrollo de procesos colectivos como el movimiento sufragista, que culminó con el derecho al voto de las mujeres. A partir de ese momento, las mujeres comenzaron a votar por los hombres y se plantea el nuevo reto de alcanzar los puestos de decisión. La reivindicación inicia con meras declaraciones, como la establecida en la Ley de Promoción de la Igualdad social de la mujer, y luego con la acción afirmativa, la cuota, establecida en el Código electoral, hasta llegar al concepto de paridad, también previsto en el Código electoral, que se entiende como un sistema de distribución de justicia, sobre la base de que las mujeres son la mitad de la población y que se acompaña de los mecanismos de la alternancia y el encabezamiento, para asegurar su eficacia.
Lo cierto es que estas herramientas transformaron el imaginario de la participación y el liderazgo de las mujeres, pero ubicándonos en la mitad del camino, y aún sin alcanzar el cincuenta por ciento en la Asamblea Legislativa, que es donde mejor han operado, con un déficit enorme en la gobernanza local, y con algunos avances en los puestos de designación voluntaria en el marco del Poder Ejecutivo. Ahora la paridad avanza en todo y en Costa Rica se ha llevado a las Juntas Directivas de las organizaciones sociales y sindicales y a las instituciones autónomas, por la vía de la interpretación, con relativo poco impacto. Y como corolario, una única mujer ha llegado a la Presidencia de la República, dando cuenta de que mientras más poder representa un puesto y mientras tenga más opción de ganar en una elección, menos probabilidades tendrá una mujer de ser postulada y de llegar.
La incorporación de las mujeres es la base para que la democracia sea verdaderamente representativa, pero también tiene un impacto en la mejora de la calidad de la gobernanza al incluir diversidad de visiones, experiencias y ejercicios de liderazgo.
Adicionalmente, y siendo uno de los aspectos claves, sin mujeres no se eleva la agenda de las mujeres al mainstream de la política. Muchos de los temas asociados al Estado de Bienestar social, referidos a la transformación de la cultura para la igualdad, distribución del tiempo, distribución de la riqueza y distribución del poder (tanto en su dimensión individual como colectiva), se requieren para un nuevo pacto, capaz de incluir los pactos de género.
Enfatizo de esta agenda de las mujeres, el tema de la participación de la mujer en el mundo laboral. En Costa Rica venía creciendo hasta llegar un 46,6%, pero lo cierto es que esta brecha se ha profundizado respecto de los hombres en la época del Covid-19. Las mujeres ocupan los puestos más precarizados en términos de salario, informalidad y en sectores que se han visto muy afectados por la pandemia. El desempleo de las mujeres llegó a un 26%, un 6% por encima del promedio, lo que es alarmante y sitúa este tema en un nivel de prioridad. Debemos desarrollar acciones para amortiguar los efectos de los altos niveles de desempleo. Por el lado de la pobreza, en la que han caído miles de mujeres, deben adoptarse acciones afirmativas tales como la adición en las transferencias monetarias que ha venido haciendo el país, de indicadores de género como “Jefatura de hogar femenina” y “No trabaja porque cuida”, como criterios de prelación en el otorgamiento de las ayudas.
Para garantizar la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo deben generarse medidas que impacten las brechas de acceso a recursos, como tenencia de la tierra y acceso a créditos, para mover la parte de emprendedurismos. En la empleabilidad, deben existir acciones para eliminar la brecha digital, eliminar y sancionar la brecha salarial entre hombres y mujeres, más prevalente en el sector privado. Y, sobre todo, deben establecerse los cuidados como un asunto estructural, los datos prepandemia indican que las mujeres dedican más de 47 horas semanales de su tiempo para atender la esfera doméstica y de cuidados, mientras los hombres solo dedican 15 horas. Esta desigualdad en el uso del tiempo se exacerbó con la pandemia al generarse más de diez nuevos patrones de cuidados, tales como la atención de la educación y nuevos dependientes de cuidados.
Costa Rica, si bien posee una red de cuido, lo cierto es que debe ampliar horario y cobertura, y declararlo como un derecho, así como continuar profundizando el cambio cultural de la corresponsabilidad de los hombres en los cuidados y visualizar los cuidados desde su potencial económico como una inversión que no puede postergarse.
Debe profundizarse las acciones que Costa Rica ya tomó para detener la pandemia en la sombra, la violencia contra las mujeres, identificar los nuevos patrones de violencia y convocar a más actores a la mesa de la reflexión. No nos sobra ninguna mujer en nuestro país.
El bicentenario debe reconocer que para las mujeres ha sido una carrera de relevos, en la que pocas han llegado, y si bien, se han ganado algunas batallas, la real es el acceso al poder de decisión y la posibilidad de colocar en el mainstream la agenda de las mujeres, del bienestar y la igualdad.
Los contenidos publicados expresan la opinión del autor y autora, y no necesariamente la visión de la Fundación Konrad Adenauer.
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