América Latina vive una de las mayores crisis de seguridad y delincuencia de su historia reciente.
Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la región cerró el 2023 con una tasa de homicidios tres veces superior al promedio mundial (18 vs. 5,6 por 100,000 habitantes), siendo estos, en un 50 % de los casos, asesinatos asociados al crimen organizado.
Son cada vez más los hechos alarmantes presentándose en nuestros países. La Universidad para la Paz con sede en Costa Rica y la Fundación Konrad Adenauer-oficina en Costa Rica, realizaron un evento de presentación del libro “Economías Criminales: Enfoques Multidimensionales”.
Sé trata de una obra donde especialistas del tema, exploran las causas, impactos económicos, sociales y políticos de esta creciente violencia ciudadana e institucional, y proponen estrategias integrales para su abordaje desde la dimensión de las políticas públicas.
La ocasión también nos permitió, en PolitíKAS en línea, conversar con Patricio Carrillo, ex Ministro del Interior de Ecuador sobre el caso particular de su país, hoy reconocido como la nación más violenta de América.
Caso Ecuatoriano: Alta criminalidad, baja institucionalidad
Las cifras de crímenes en el Ecuador cuentan sobre un país que pasó de tener estadísticas de homicidios de un dígito ( 5,7 por cada 100.000 habitantes) en 20018, a cifras de dos dígitos (44,5 por cada 100.000 habitantes) en 2023, su año más violento.
Pero, aunque esto es sumamente grave, los cierto es que, a criterio de Carrillo, el país está en medio de un conflicto que trasciende el ámbito del crimen organizado, tocando aspectos políticos, sociales y económicos.
“Hemos superado el concepto tradicional de crimen organizado – asociación de dos o más personas que se han coludido para cometer un delito para obtener rentabilidad económica- para entender que hoy va mucho más allá. Está ligado fundamentalmente con la creciente presencia de políticos corruptos, de empresarios corruptos que se han unido con estructuras criminales y destrozando el Estado de Derecho, especialmente el sistema de justicia y ejercen control y una desregulación del sistema económico financiero.”
Violencia como estrategia
Para Carrillo, el problema que vive su país tiene origen en una falta de entendimiento
por parte del Estado sobre lo que representa el sistema criminal y como se magnifica con violencia radical extrema en las calles o casos sonados de narcotráfico en medios de comunicación; pero cuyo sustento y raíz nace de mercados ilegales, cada vez más naturalizados en la sociedad.
En el caso ecuatoriano se habla de que diez puntos del PIB nacional tienen su origen en economía ilegal, es decir, 10 mil millones de dólares que se lavan en el sistema financiero nacional , “y no en la panadería o en una tienda de barrio”, enfatiza el especialista.
La impunidad y la incapacidad del Estado ecuatoriano de defenderse y defender el estado de derecho es otra síntoma del efecto nocivo de las economías criminales.
“El 95% de delitos excepcionalmente dolosos no pueden quedar en impunidad en una sociedad racional” apunta Carrillo, subrayando en la urgencia de un cambio sustancial en las políticas públicas.
Es por eso que, desde la experiencia ecuatoriana, enfatiza en la necesidad de definir una agenda de seguridad integral, estableciendo políticas de defensa e inteligencia que permita un efecto resiliente en los mecanismos de protección y pueda en toda circunstancia garantizar de esta forma las libertades ciudadanas.
‘Hay que, trabajar tanto en la prevención, como en la represión. En una persecución inteligente del delito”; tanto para aquellos que por equivocación pudieron verse involucrados en temas penales, como para quienes por voluntad propia quieren pertenecer a las organizaciones criminales porque ven un mecanismo de negocio.
“Esto básicamente pasa no solo por lo más bajo de estas estructuras criminales, sino por las élites políticas y a esas élites acomodadas dentro de la economía que lavan dinero, que corrompen al Estado”, puntualiza.
Criminalidad globalizada
Carrillo apunta además sobre la importancia de entender que la economía criminal y sus efectos sobre el estado de derecho y la institucionalidad no son un problema exclusivo de una nación y que esto debería a otro gran tema: ¿Cuál es la política exterior anclada en la agenda de seguridad que tienen nuestros países?
La respuesta, dice pasa por la colaboración estrecha entre política interior y exterior.
Una política interior que garantice seguridad jurídica, “para que la inversión extranjera pueda venir y el dinero lícito sea el brinde oportunidades en el país y no el dinero ilícito que va generando cadenas de corrupción y violencia”, asegura.
Además, es necesario el desarrollo de las capacidades estratégicas de inteligencia de los Estados “ para trabajar a través de instrumentos prospectivos, identificar amenazas y riesgos, es lo que nos está faltando para definir justamente la política pública. Pero no una política asociada al desarrollo de la policía o de más cárceles, sino una política global para con acuerdos multilaterales y bilaterales sé construyan políticas de estado sólidas”, puntualiza.
Acá la entrevista completa:
* Los contenidos publicados expresan la opinión del autor, autora o sus entrevistados y no necesariamente la visión de la Fundación Konrad Adenauer.
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