Un plan de acción en ciernes para la seguridad ciudadana

El plan de Gobierno de la administración Chaves Robles (Presidente electo en Costa Rica) considera la atención de la seguridad ciudadana en el país a partir de generalidades que deberán detallarse, cuantificarse y definirse en el tiempo durante los próximos cuatro años.

Se define la construcción de una cultura de paz que restrinja la violencia mediante la articulación de instituciones, programas y otros. No se detalla cómo.

Se asegura que la Escuela Nacional de Policía debe asumir un papel significativo en la formación y capacitación de los diversos policías. Esto haría presumir que no se considera que lo esté haciendo bien en este momento, siendo ese el eje central de su labor. Sin embargo, no se definen acciones para lograrlo y resultados finales esperados.

Se habla de revisar el sistema de inteligencia, así como compartir y mejorar datos entre instituciones dentro del marco de la ley. No se hace referencia a cuál sistema de inteligencia o si se trata de la labor de la Dirección General de Inteligencia (DIS).

Hay una propuesta de fortalecer la seguridad comunitaria, también sin mayores detalles.

Rogelio Ramírez, abogado y especialista en casos criminales de alto impacto, ex jefe de operaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), analizó los planteamientos del plan de gobierno y detalló los vacíos y pendientes de la nueva administración gubernamental.

Diversidad de ideas

A octubre del año pasado la población penal era de 15 mil personas en 21 centros penales, según el Ministerio de Justicia, y el costo de manutención diario por persona era de $45. Los privados de libertad son atendidos por 3.700 policías. El ministerio aseveró que el hacinamiento pasó del 43% en mayo de 2018 a 5,8% en marzo último.

La propuesta del nuevo gobierno habla de implementar una verdadera política penitenciaria, fortalecer las penas alternativas a la prisión (entre ellas las penas de utilidad pública) y alinear las capacidades de la población penitenciaria con el sector productivo.

Para Ramírez identificar qué se quiere mejorar es importante pues tal vez el problema principal en este campo es de implementación de las acciones. Señaló que ante la existencia de una amplia cantidad de penas alternativas el hecho de plantear que haya más podría no ser la mejor acción. Respecto a la propuesta de trabajo en las cárceles indicó que antes se debe definir en qué instalaciones y qué personal supervisará el trabajo y el recurso productivo que se generará.

El programa del partido Progreso Social Democrático propone el uso de cámaras de vigilancia administradas por las municipalidades. Actualmente varias alcaldías operan este tipo de sistemas. Alajuela contaba con 200 el año pasado; Montes de Oca tenía previsto la instalación de 120; también hay este tipo de dispositivos en Palmares, San José, Curridabat, Moravia, Desamparados, Tibás, Escazú, Pérez Zeledón, El Guarco, Heredia, San Rafael de Heredia, Belén, Cartago, Paraíso, Limón, La Unión, entre otras.

Ramírez indicó que el uso de cámaras no es funcional para la prevención, pues las municipalidades tendrían que tener capacidad de reacción inmediata; son operativas más bien para la investigación criminal. Por tanto, estimó que se debería conocer el detalle de la propuesta de la administración Chaves.

El plan de gobierno propone castigar duramente a los infractores de la Ley de Armas y Explosivos. Según Ramírez la atención en este tema debería estar en entender el por qué del incumplimiento de la ley pues existe un reglamento para regular y castigar las infracciones.

Sobre el rol de la Academia Nacional de Policía, Ramírez mencionó que en efecto hay incumplimiento de la labor de la entidad, lo cual se evidencia en los operativos, detenciones y control de crisis del personal, pero es relevante determinar cuáles son los recursos, capacitaciones, personal e instalaciones idóneas para la Escuela y trabajar en esos campos. Entre 2018 y la actualidad, 8.500 personas recibieron formación en la Academia Nacional de Policía.

El especialista estima que la propuesta del programa de Gobierno para mejorar la selección y el reclutamiento de policías, así como sus salarios, es una labor esencial en la atención de la seguridad ciudadana. El país contaba en 2020 con 15.200 policías.

La propuesta de mejorar el equipo tecnológico de la policía pasa por definir qué se requiere en el área preventiva y qué en las entidades represivas, además de acompañar las acciones con la capacitación adecuada pues “un policía con equipo sin entrenamiento es un gran riesgo”.

Dos acciones del plan recibieron fuertes críticas de Ramírez. Es “descabellado” reasignar funcionarios de la policía para verificar el cumplimiento del uso de tobilleras pues esto representa una duplicidad de funciones. Más bien se debería evaluar el sistema y los equipos disponibles, y promover los cambios.

Además, es “inexacto” el objetivo de facilitar la denuncia ciudadana pues el acceso a medios de denuncia sí existe, el problema es la atención a esa denuncia. “Como no pasa nada porque los casos se pegan, eso expone al denunciante y genera la sensación de impunidad”, comentó.

La fuertemente comunicada propuesta de Rodrigo Chaves de implementar los escáneres en las aduanas para detectar droga y contrabando debe considerar la calidad de los funcionarios para que estos equipos operen y la supervisión de dichas personas. “Me atrevo a decir que no tenemos ese personal”. Además, destacó la relevancia de atender el tema de las empresas “fachada” y la violación a los sistemas de control de los productos de las empresas regulares pues los criminales contaminan de esa forma el cargamento del contenedor.

Respecto al tema de mejorar el trabajo con países vecinos y aliados para la atención del crimen organizado y el narcotráfico, Ramírez propone que las sedes diplomáticas de países como Colombia, Ecuador, Guatemala y México, entre otros, deberían contar con agregados policiales. “Estos funcionarios deben captar y procesar información con mayor enfoque a seguridad, prevención, contención y represión de las manifestaciones delictivas.

Una encuesta sobre percepciones de seguridad de la población, realizada por la Universidad Nacional (UNA), muestra que un 70% de las personas no consideran que vivan de manera segura en Costa Rica. La atención de la problemática es relevante, sin duda, como define la administración Chaves Robles.

Además, como indica el programa del nuevo gobierno, trabajar en este campo implica combatir la pobreza que alcanza al 23% de los habitantes quienes viven en 383.500 hogares que se encuentran en esta condición, 1,3 millones de personas en pobreza y en pobreza extrema.

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