Michael Soto Rojas
Jefe de la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)
La prevención comunitaria del delito y la violencia ha surgido como una estrategia innovadora para abordar la inseguridad, involucrando a diversos actores sociales, desde gobiernos locales hasta la sociedad civil, bajo el principio de prevenir tanto la violencia como la actividad delictiva.
Este enfoque se diferencia de las estrategias tradicionales, centradas principalmente en la represión del delito- en una nueva manera de pensar y hacer intervención para enfrentar las altas demandas de seguridad del país.
Básicamente se trata de un planteamiento exhaustivo y multifacético que involucra a gobiernos locales, policías, instituciones públicas (salud, educación, etc.) y actores de la sociedad civil, bajo el principio de prevenir la violencia y la actividad delictual; ambos elementos incorporados recientemente al tratamiento de la inseguridad.
Pero sobre todo, que entiende el concepto de seguridad ciudadana como un bien público y comunicatorio que permite mejorar la calidad de vida de la personas, el acceso a un sistema de justicia eficaz y de una educación que esté basada en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia.
Un enfoque integral para la seguridad
La prevención comunitaria del delito y la violencia reconoce que la inseguridad es un problema complejo con múltiples causas. Por lo tanto, este enfoque busca abordar las raíces del problema, promoviendo el desarrollo social, la cohesión social y la participación ciudadana.
La comunidad juega un papel fundamental en la prevención de la criminalidad en múltiples niveles. Algunos aspectos importantes, como actor activo incluyen:
Vigilancia y colaboración: La comunidad puede funcionar como una red de vigilancia informal, donde los residentes están atentos a comportamientos sospechosos o actividades delictivas y colaboran con las fuerzas del orden para abordarlas.
Participación en programas de prevención: Atacar los niveles de violencia, desde el núcleo familiar y las comunidades es una de las mejores estrategias para quebrar los generadores de violencia que, usualmente terminan en delincuencia. Las comunidades pueden participar en programas locales diseñados para prevenir la delincuencia, como la educación sobre drogas y alcohol, la mediación de conflictos, la promoción del empleo juvenil y la mejora de la iluminación y seguridad en áreas públicas.
Desarrollo de relaciones positivas: Una comunidad fuerte y cohesionada puede ayudar a prevenir la delincuencia al fomentar relaciones positivas entre vecinos y fortalecer los lazos sociales. Estas relaciones pueden evitar el comportamiento delictivo y promover un sentido de responsabilidad compartida por la seguridad comunitaria.
Apoyo a la reinserción: Las comunidades pueden desempeñar un papel importante en la reintegración de personas que han cumplido condenas penales, ofreciendo oportunidades de empleo, vivienda y apoyo social que reduzcan las posibilidades de reincidencia.
Participación en políticas públicas: Las comunidades pueden abogar por políticas públicas que aborden las causas subyacentes de la delincuencia, como la pobreza, la falta de acceso a la educación y la discriminación, y promuevan soluciones más efectivas que el encarcelamiento.
Fomentar la colaboración: Es importante fomentar la colaboración entre los diferentes actores y grupos, como gobiernos locales, fuerzas del orden, policías, escuelas, organizaciones comunitarias y empresas.
Educación y concienciación: La comunidad puede desempeñar un papel crucial en la educación y concienciación sobre la delincuencia y sus efectos, promoviendo la responsabilidad personal y colectiva en la prevención delincuencial.
La prevención comunitaria del delito y la violencia es un esfuerzo colectivo que requiere del compromiso de todos los sectores de la sociedad. Al trabajar juntos, podemos crear comunidades más seguras y saludables para todos.
* Michael Soto Rojas es el Jefe de la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica y ex Ministro de Seguridad Pública y Ministro de Gobernación y Policía 2018-2022. Es Licenciado en Criminología y Derecho.
* Los contenidos publicados expresan la opinión del autor y no necesariamente la visión de la Fundación Konrad Adenauer.
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