Gerardo Corrales Brenes, economista
13 enero, 2021

La Política Económica la entiendo como una serie de acciones deliberadas que toman las autoridades con el propósito de alcanzar determinados fines u objetivos: mantener la estabilidad interna y externa de la moneda nacional, buscar el pleno empleo de los recursos productivos, fomentar el crecimiento económico, promover una distribución más equitativa de los ingresos y de la riqueza, mantener equilibrio en la balanza de pagos y mejorar la calidad de vida o bienestar de los ciudadanos del país.

Se acepta que dicha política se puede ejercer por medio de herramientas de carácter fiscal (Política Fiscal) o bien por medio de elementos monetarios (Política Monetaria).

La Política Fiscal se refiere al uso de impuestos, subsidios o incentivos, así como de los gastos del gobierno, lo cual se visualiza integralmente por medio de la aprobación de los presupuestos nacionales.

En el caso de la Política Monetaria, se concibe como la administración de los medios de pago disponibles en la economía, del precio del dinero y de la relación entre el valor de la moneda extranjera en términos de la moneda local (tipo de cambio).

La situación fiscal de nuestro país, a partir del año 2007, se ha caracterizado por un déficit creciente, en términos de excesos de gastos de gobierno sobre sus ingresos, algo que la pandemia viene a acelerar hasta alcanzar, en este recién concluido 2020, una relación que superará el 9% del PIB. Para este 2021 el faltante se estima en más de 15%, un hueco fiscal que supera los $10 mil millones anuales, lo cual hace poco factible el poder implementar una política fiscal expansiva para estimular la producción y el empleo.

Ante este panorama y la recesión económica que estamos viviendo, con una caída aproximada de la producción en 2020 del 5% y un incremento del desempleo a más del 20%, la política monetaria y cambiaria se constituye en una herramienta necesaria para la ejecución de una política económica eficaz.

En ese sentido, el marco jurídico de acción del Banco Central de Costa Rica, encargado de ejecutar la Política Monetaria en el país, está delimitado en la Ley # 7558, Ley Orgánica de dicha entidad.

Oficialmente, el Banco Central adoptó desde enero de 2018 un enfoque de política monetaria conocido internacionalmente como “inflation targeting” o metas de inflación, el cual consiste en enfocar el uso de los instrumentos de política monetaria a la búsqueda de un objetivo de un rango de inflación, que para el 2021 se espera se ubique entre un 2% y 4%.

Para el año 2020, la pandemia generó una contracción de la demanda agregada de bienes y servicios y la tasa de inflación será cercana al 0,3%, con lo cual, hay demasiado espacio en el manejo de la Política Monetaria para que el Banco Central pueda apostar a usar sus herramientas ortodoxas para tratar de estimular la actividad productiva, conocido lo anterior, como una política monetaria acomodaticia.

Por dicha razón, mi perspectiva para el año 2021 del tipo de política monetaria a implementar, incluye los siguientes elementos:

1. Reducida Tasa de Interés de Política Monetaria: se refiere al precio del dinero o tasa de interés que el Banco Central fija como su referencia para préstamos a los intermediarios financieros con el fin de estimular la colocación de crédito y estimular la producción y el empleo. A principios del año 2019, esta tasa en colones estaba en 5,25% y a consecuencia de la recesión económica, durante el año 2020, el Banco Central de forma proactiva la ha reducido a un nivel histórico del 0,75%. No veo razón para que, durante el 2021, esta tasa de interés sea modificada.

2. A consecuencia de la pandemia, durante el 2020, los legisladores modificaron el artículo 52, inciso c) de la Ley Orgánica del Banco Central para permitirle “comprar, vender y conservar como inversión, títulos valores del gobierno central por medio del mercado secundario”. Precisamente utilizando esta herramienta, a finales del 2020, el Banco Central anunció la apertura de una línea de crédito hasta por $1.2 miles de millones, a una tasa de interés en colones fija del 0,8% y a un plazo de 4 años, para lograr que los intermediarios financieros puedan readecuar u otorgar nuevos créditos en favor de sus deudores. La ejecución de este instrumento debe terminar de implementarse en el 2021.

3. El Banco Central, como ente rector del sistema financiero y teniendo dentro de sus objetivos, promover un sistema financiero estable, eficiente y competitivo, por medio del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y de la Superintendencia de Intermediarios Financieros (SUGEF), empezará a obligar a dichas entidades a clasificar a sus deudores según su capacidad de pago actual, lo cual, de no hacerse de forma ajustada a la realidad de cada sector de actividad (siendo los más perjudicados, el turismo, el transporte y el comercio) podría afectar durante el 2021 el acceso al crédito y aumentar las ejecuciones de garantías por falta de pago. Este será un elemento crítico a supervisar durante el 2021.

4. La política de fijación del tipo de cambio, que este año 2020 ha sido de una tendencia a la devaluación por la caída en la oferta de dólares, principalmente provenientes del turismo, ha implicado una intervención activa del Banco Central en el Mercado de Negociación de Divisas (Monex) para evitar una devaluación abrupta y para el 2021, este rol será crítico, pues dependiendo de cómo se maneje la incertidumbre del desequilibrio en las finanzas públicas así como la afluencia de dólares del exterior para financiar el déficit fiscal, se podrían presentar presiones fuertes a la devaluación o apreciación del colón y por esa razón, la intervención de Banco Central en ese mercado será fundamental para mantener la competitividad de nuestras exportaciones y para evitar especulaciones contra el colón que estimulen una fuga de capitales al exterior.

5. La persuasión moral del Banco Central, es decir, su grado de credibilidad por su carácter técnico e independiente, lo convierte en un jugador determinante en la recomendación de aprobación de proyectos críticos para el 2021, como el Fondo Nacional de Avales, Créditos de Organismos Multilaterales para financiamiento del Gobierno Central, Convenio de Facilidad de Crédito Ampliada con el Fondo Monetario Internacional, entre otros.

Definitivamente, la Política Monetaria jugará un rol clave en el 2021 y de ahí la necesidad de repasar algunos conceptos por medio de estas líneas, a fin de tener mejores criterios de análisis para el futuro próximo.

Los contenidos publicados expresan la opinión del autor y autora, y no necesariamente la visión de la Fundación Konrad Adenauer.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Recientes

Buscar

Search