A casi cuatro años del primer borrador de proyecto de ley, y en medio de un ambiente de incertidumbre, la institucionalidad pública de Costa Rica se prepara para los cambios que vendrán con la entrada en vigencia de la nueva Ley Marco de Empleo Público, Ley 10.159, el próximo 10 de marzo.
Esta ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa en segundo debate en marzo del 2022, en el gobierno de Carlos Alvarado. La normativa responde a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La nueva legislación introducirá varias reformas al esquema de empleo público en temas de rectoría, vacaciones, despidos, licencias, convenciones colectivas, entre otros. Sin embargo, el cambio que más ha inquietado a diversos sectores es el nuevo esquema de remuneración que detalla el artículo 30.
El salario global o salario único para familias de puestos reemplazará a la remuneración compuesta por sueldo base más pluses. Ingresar a este sistema a los nuevos trabajadores y a los actuales, le permitirá al Estado ahorrar un promedio de ¢394.000 millones por año.
Los nuevos funcionarios entrarán al esquema de salario global desde el día uno. Los trabajadores que devenguen menos de lo establecido en el global, continuarán así y “podrá incrementarse por el pago por concepto de anualidad” hasta alcanzar el monto de esa categoría. Quienes tengan un salario mayor al global “serán excluidos de cualquier incremento salarial producto de aumentos a la base o bien reconocimiento de incentivos, hasta que el monto por concepto de salario global sea igual al salario compuesto que recibía”. Esto de acuerdo al Transitorio XI de la nueva ley.
“En 2020, un estudio de la OCDE encontró que en el sector público, equivalente a un 15% de la fuerza laboral de Costa Rica, existen hasta 260 tipos de pluses salariales. La OCDE reveló también que hay hasta 600% de desnivel para un mismo puesto en distintas entidades estatales”, señaló el periódico La Nación en diciembre del 2021.
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), ente rector del Sistema General de Empleo Público de acuerdo al texto normativo, será el encargado de definir las familias de puestos y el salario correspondiente, excepto para quienes desempeñen funciones exclusivas y excluyentes asignadas al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a los entes públicos con autonomía.
Otra reforma importante tiene que ver con las convenciones colectivas. La normativa establece, en su artículo 43, que no se podrán generar nuevas obligaciones o derechos a partir de negociaciones colectivas. Tampoco tendrá mayor impacto en condiciones laborales referentes a salarios, incentivos, erogaciones adicionales, prohibiciones de la ley y nuevas plazas.
El tema de despidos también es un punto importante. El artículo 21 señala: “Será causal de despido inmediato, aplicable a toda persona servidora pública, obtener dos evaluaciones del desempeño consecutivas inferiores a una calificación del setenta por ciento (70%)…”.
Costa Rica “se prepara”
En marzo de 2022, la entonces jerarca del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), Pilar Garrido, anunció el inicio del trabajo de valoración de familias de puestos, escala salarial y reglamento con el apoyo de expertos del BID y de OCDE.
Nueve meses después, el ministro de Hacienda de la actual administración, Nogui Acosta, dió una respuesta muy parecida en una entrevista con El Financiero: se está en conversaciones con personal técnico del BID para definir las nuevas escalas salariales.
Si bien la Ley, en el primer Transitorio, señala que el reglamento podrá publicarse hasta seis meses (máximo) después de su entrada en vigencia, el FMI “escribió en su última revisión sobre el programa de financiamiento ligado a metas fiscales que mantiene con Costa Rica que esperaba la “implementación completa” de la norma a partir de marzo de este 2023 y no de septiembre”, informó El Financiero.
Por su parte, la Contraloría General de la República dictaminó en una auditoría publicada el 11 de enero de este año, que “el Mideplan no dispone de evidencia que respalde la ejecución de las actuaciones…” como: determinar familias de puestos , los grados requeridos dentro de cada familia laboral así como sus características, entre otros.
Además, indicó que los atrasos por ajustes en los instrumentos que les permita aplicar una muestra piloto, “limita que las instituciones públicas dispongan de las orientaciones pertinentes para efectuar los ajustes requeridos, a partir de la entrada en vigencia de la Ley a inicios del mes de marzo de 2023.”
Casi como una respuesta tardía a la Contraloría, el lunes 30 de enero, mediante comunicado de prensa, Mideplan anunció que se habilitó un sitio web con el reglamento de la Ley para consulta pública “con miras a enriquecer el reglamento propuesto”.
Los ciudadanos y las instituciones y entidades que representen intereses en todas las regiones del país podrán consultar el reglamento y enviar sus observaciones hasta el 14 de febrero.
Aunque este anuncio parece ser un avance significativo, también podría ser el que desate las críticas y hasta movilizaciones de diversos sectores.
De acuerdo con una noticia de El Financiero del 27 de diciembre pasado, los sindicatos “hasta ahora se han mantenido al margen de mayores enfrentamientos o movilizaciones en contra del Gobierno. Sin embargo, reconocen estar a la expectativa del proceso de reglamentación de la Ley Marco de Empleo Público (10.159), sobre el cual ya auguran posibles enfrentamientos en estrados judiciales y hasta eventuales manifestaciones en las calles”.
Ya unos días antes del anuncio de Mideplan, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) indicó que presentará un recurso de inconstitucionalidad. “De momento son un misterio puntos como la reglamentación, aplicación o la serie de dispositivos operativos para su entrada en vigencia, entre otros factores”, indicó un comunicado de la asociación.
La Unión de Empleados de la Caja y la Seguridad Social y otros gremios de la salud solicitaron en 2022 la derogación de la nueva ley y la creación de una mesa de diálogo que “se enfoque a construir una ley de carácter democrático, que desarrolle progresivamente los derechos fundamentales y fortalezca la prestación de los servicios públicos, que constituyen la infraestructura social de la democracia.”
El catedrático de la Universidad de Costa Rica, José Ángel Vargas, expresó su preocupación por la aplicación de la legislación a los personeros de ese centro de estudios superiores y la posible afectación a la autonomía universitaria.
“Esta Ley bajo la falacia de garantizar la eficacia y la eficiencia en la función pública esconde el verdadero propósito de homogeneizar los puestos en la función pública e imponer un salario global, cuyas formas de crecimiento son prácticamente inexistentes y ni tan siquiera contemplan los efectos de la devaluación de la moneda. En términos pragmáticos, estamos ante un debilitamiento de las funciones esenciales de las universidades públicas y ante un congelamiento de los salarios”, dijo Vargas.
Con el borrador del reglamento publicado, las reacciones de sindicatos y demás actores serán cuestión de tiempo.
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