Contradicciones de la oposición política nicaragüense – en un contexto de represión

Las grandes marchas ciudadanas que protagonizó la sociedad nicaragüense a partir del 18 de abril de 2018 crearon la esperanza de que se podía transformar Nicaragua sin recurrir al enfrentamiento y la violencia.

La posterior represión del régimen de Ortega contra una población civil y desarmada desnudó la naturaleza criminal del régimen, provocando que esta mayoría social, autodefinida como autoconvocada, se haya ido frustrando y desanimando paulatinamente. Esta situación ha llevado a los autoconvocados a demandar insistentemente a la oposición política la construcción de una amplia alianza opositora para enfrentar a Ortega.

No obstante, las grandes preguntas son: ¿Qué es lo que impide a la oposición Azul y Blanco representar políticamente a la mayoría de la población (65 %) que protestó en abril del 2018? ¿Qué le impide a esta oposición ver más allá de sus desconfianzas y discusiones eternas? Muchos piensan que se debe a un déficit profundo de una cultura política auténticamente democrática.

Los intentos de diálogo como salida a la crisis

En el primer diálogo entre la oposición y el régimen de Ortega (mayo 2018), la mayoría del movimiento Azul y Blanco aspiraba a una transformación inmediata del Estado. Se propuso la renuncia de Ortega y la realización de elecciones libres adelantadas. Sin embargo, el resultado más tangible de ese diálogo fue la llegada al país de organizaciones de derechos humanos regionales e internacionales que constataron y registraron las graves violaciones a los derechos humanos.

En el segundo diálogo se acordó la libertad de los presos políticos; el regreso de los exiliados; la recuperación de las libertades y derechos constitucionales; la realización de elecciones libres, observadas y adelantadas; sin embargo, nada de esto ocurrió. Posiblemente, el logro más significativo de este segundo diálogo radicó en el convencimiento de los nuevos liderazgos políticos que el país requiere de una salida pacífica e institucional, descartando escenarios políticos rupturistas que proporcionen atajos para la salida de Ortega del poder.

Por otro lado, esta mayoría Azul y Blanco sigue sin definir a cuál conducción política debe adherirse en el próximo proceso electoral. Especialmente, cuando hay sectores de la oposición que cuestionan su participación electoral en un contexto de represión y de falta de reformas electorales. Incluso hay grupos que rechazan la realización de comicios electorales y demandan la renuncia inmediata de Ortega sin tener un plan alternativo para desalojarlo del poder.

A esta complejidad política hay que agregarle que una parte de los Azul y Blanco desecha la idea de correr en una casilla electoral junto a los partidos políticos tradicionales. Aun cuando, sus organizaciones carecen de personería jurídica como partidos políticos para poder participar en un proceso electoral. Más aún, cuando rechazan la posibilidad de convertirse en partidos políticos.

Los partidos políticos tradicionales y las organizaciones nacidas de abril

Debido al pacto político que establecieron en el año 2000 el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) ambos partidos han encabezado las mayores alianzas políticas en el país.
La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) tienen orígenes diferentes y están conformadas por distintos grupos. A pesar de que ambas organizaciones nacieron a partir de abril, no han podido conformar una gran alianza política. Por tanto, ambas tuvieron que conformar otra organización, supuestamente paraguas, que aglutinara a todas las fuerzas opositoras: la Coalición Nacional (CN).

Nuevamente, asalta la pregunta ¿Por qué la Coalición Nacional tampoco ha podido convertirse en la organización política que aglutine a toda la oposición nicaragüense? La respuesta, posiblemente, esté en su conformación originaria. En su nacimiento nunca existió un documento escrito que normara la forma de actuar de sus miembros. Por tanto, los partidos políticos aprovecharon ese vacío de conducción y de estructuración, para empezar a dominarla.

Todas estas indefiniciones se dieron en un contexto de repetidas advertencias y recomendaciones a la UNAB y a la ACJD, de que, para relacionarse con los partidos tradicionales, tenía primero que conformar ambas un “núcleo fundacional”, y hasta después integrar a los partidos políticos. Así fue como se gestó el conflicto dentro de la CN que terminaría con el retiro de la ACJD de la Coalición Nacional.

Leyes represivas

El proceso de consolidación de la oposición nicaragüense se vuelve aún más difícil por la represión y la estigmatización de parte de los órganos represivos del Estado y de los medios de comunicación afines al gobierno.

Sin embargo, la situación que más atenta contra el derecho de asociación y participación política es la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (LRAE) que la Asamblea Nacional aprobó el 15 de octubre del 2020 y que obliga a las organizaciones y personas naturales que reciben fondos del exterior a registrarse como “agentes” extranjeros ante el Ministerio de Gobernación (MIGOB). De esta forma, el régimen vulnera los derechos de participación política de los ciudadanos, y utiliza estos argumentos, supuestamente legales, para defenderse de las críticas de la comunidad internacional.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya manifestó su preocupación por la aprobación de esta normativa y de la Ley Especial de Ciberdelitos. La CIDH cuestiona los artículos 12 y 14 de la LRAE porque prohíbe a quienes se registren como tales, poder financiar a cualquier organización que trabaje con fines políticos en Nicaragua, así como recibir donaciones anónimas.

El mismo artículo 14 de la LEAE, dicta que “En el caso de las personas naturales, estas no podrán ser funcionarios, empleados públicos o candidatos a cargos públicos de cualquier tipo o naturaleza”. En otras palabras, cercena los derechos políticos de todo aquel que el régimen considere o decida que es un agente extranjero.

Pero, lo más preocupante de estas leyes es que quienes las aplican (policía, Ministerio Público o jueces) no ofrecen ninguna garantía de que lo harán de manera imparcial.

Conclusiones:

1. Una de las debilidades más significativas de los grupos opositores Azul y Blanco son sus dificultades para representar a las grandes mayorías autoconvocadas.

2. Esa dificultad para construir una unidad opositora se origina en la conformación primaria de la UNAB y la ACJD, en el rechazo de la ciudadanía hacia los partidos políticos tradicionales y en la cultura política autoritaria y antidemocrática.

3. El primer diálogo con el régimen de Ortega mostró las aspiraciones de la población: elecciones adelantadas, transformaciones dentro del Estado, justicia y nuevas reglas de juego ante la política tradicional. Lo acordado en el segundo diálogo no se cumplió, pero sí hay acuerdos que deberán respetarse una vez que inicie cualquier proceso de negociación.

4. La oposición acepta que la única opción para salir adelante es la electoral y no la violencia, pero ven sus aspiraciones menguadas por la falta de liderazgo político y la negativa de los partidos políticos tradicionales de permitirles igualdad de condiciones. Además, las organizaciones de la sociedad civil insisten en participar en un proceso electoral con su propio nombre, pero sin convertirse y actuar como fuerzas políticas.

5. Las nuevas leyes aprobadas por el régimen violan el derecho de asociación y de participación política, violentan el marco jurídico y son un mecanismo de represión.

6. Es muy difícil predecir que va a ocurrir en las próximas elecciones, pero hay consenso de que la presión nacional e internacional obligará a Ortega a realizar una reforma electoral y elecciones en noviembre del 2021. No obstante, la participación de la oposición dependerá de qué tipo de reforma electoral se realice.

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