La democracia representativa enfrenta uno de los mayores retos en la historia, producto de la volatilidad e incertidumbre que causan las rápidas transformaciones tecnológicas de comunicación, organización social, cambio cultural, entre otras en el mundo actual.
Las dinámicas tradicionales de representación política de las instituciones democráticas, que se suscribían únicamente al ejercicio de elección periódica para la designación de sus representantes en los poderes del Estado, están sobrepasadas ante el surgimiento de nuevos mecanismo y tecnologías de comunicación, acompañado de nuevos grupos de poder social que logran articularse e influir en la opinión pública y de ahí en la legitimidad de las instituciones democráticas.
El Informe Latinobarómetro (2023) demuestra lo anterior al mencionar que vivimos la “primera ola de recesión democrática en América”, de esta manera el estudio ya mencionado indica que de la población latinoamericana “en el 2023 solo el 48% apoya la democracia en la región, lo que significa una disminución de 15 puntos porcentuales desde el 63% de 2010”.
La crisis democrática impacta en las instituciones representativas como los parlamentos, los cuales deben reflejar la heterogeneidad de nuestras sociedades, abriendo espacios al derecho de representación a las minorías (John Stuart Mill, Sobre la Libertad) y sin embargo son las más afectadas por la crisis de legitimidad y cambio cultural de nuestras sociedades, al respecto Jean-Paul Vargas Céspedes (Revista Centroamericana de Administración Pública, Enero-Junio/2022, No. 82) menciona que para afrontar esta crisis es necesario procesos de innovación que reconozcan que “la pérdida de confianza en los Parlamentos es una debilidad que se expresa por la insuficiencia de su legitimación representativa, producto no sólo de la desafección política y las tendencias de abstencionismo electoral generado; sino también, de la falta de identificación de los sectores sociales con los interlocutores parlamentarios, y aun cuando existe algún nivel de identificación a favor del Parlamento, lo cierto es que hay una visión social compartida acerca de la inoperancia, lentitud, y poca transparencia de la acción parlamentaria”.
Los datos y la realidad actual indican la necesidad de la mayor resiliencia de los parlamentos para fortalecer la democracia representativa a partir de esquemas de inclusión y participación ciudadana activas no solo desde el ejercicio de las personas congresistas, sino además en la estructura y funcionalidad administrativa que facilite espacios de cocreación y colaboración con los sectores privados, sociedad civil y academia. Como menciona el secretario general de la ONU António Guterrez (setiembre, 2024) “No podemos crear un futuro para nuestros nietos con instituciones construidas para nuestros abuelos” esto aplica en la forma de administrar el poder político y la toma de decisiones desde las instancias representativas democráticas siendo proactivas en la promoción de la partición ciudadana efectiva.
La representación democrática de los parlamentos ha evolucionado a través de la historia, para adaptarse a las exigencias sociales de las diferentes épocas. De esta manera en Inglaterra que vio surgir el sistema parlamentario, pasó de la “Cámara de los Lores” integrada exclusivamente por nobles y representantes eclesiásticos, a tener una “Cámara de los Comunes” y como en el caso de España y Francia , se evoluciona de espacios reservados a grupos específicos por su riqueza o lazos sanguíneos a sistemas de elección abiertas a la ciudadanía, es decir se abre la participación electoral a la ciudadanía, lo cual no se produjo sin resistencia, incluso debiendo realizarse la revolución francesa para avanzar en lo que sería en su época un nuevo concepto disruptivo de representación. La evolución de la democracia parlamentaria no se limita a estos hechos, por el contrario, ha sido un derrotero común en la historia, tal es el caso de la participación de la mujer, la cual no fue posible hasta el siglo pasado, recordando las dos primeras mujeres electas diputadas en la Cortes Constituyentes española de 1931, hasta actualmente que en el caso de Costa Rica si se logra una participación paritaria.
Lo anterior, busca evidenciar que la democracia representativa en los parlamentos evoluciona en forma permanente y que no constituye un bien acabado e inmutable, siendo así que las nuevas formas de representación ocupan establecer mecanismos de innovación para vincularse más efectivamente con la ciudadanía, estableciendo metodologías de permitan la incidencia de las organizaciones sociales en las tomas de decisiones y propuestas legislativas.
Abrir espacios de participación no significa renunciar a la magistratura designada en procesos electorales democráticos, por el contrario, significa darle nueva significancia a partir de espacios interactivos y dinámicos que aprovechen las inteligencias colectivas existentes en la sociedad, generar nuevos mecanismos de gobernanza y acercamiento con la ciudadanía. Las responsabilidades legales y éticas seguirán recayendo en las personas legisladoras, lo que cambia es que la forma de tomar decisiones se hace utilizando nuevos ductos comunicantes con las organizaciones sociales, que exige una actuar más dinámico y con rendiciones de cuentas sobre los resultados, situación que se hace más apremiante por las nuevas tecnologías de comunicación y la inteligencia artificial en el ámbito político.
Los parlamentos deben seguir teniendo potestades de decisión, pero la forma de tomar sus resoluciones debe responder a las condiciones actuales que obligan que sean más abiertas al diálogo social y procesos de cocreación abiertas con la ciudadanía. La definición y metodologías de los espacios de participación son fundamentales para que no exista un desplazamiento inapropiado, en perjuicio de las funciones constitucionales de los parlamentos, pero que si garantice una mayor representatividad en las decisiones parlamentarias de diferentes segmentos sociales.
Las metodologías y espacios de participación con incidencia efectiva, deben ser debidamente institucionalizados y fortalecidos, pero con capacidad de definir diferentes metodologías que se adapten a las características de la ciudadanía que participa (personas con discapacidad, pueblos indígenas, afrodescendientes, empresarios, agricultores, juventud, ambientalistas, entre otros) y a los productos que se desean obtener (control político, iniciativas de ley o mociones), en esto al respecto Ana Díaz Albert ( Gestión y política pública, UNAM, México, volumen XXVI . número 2. II semestre de 2017) establece que “la perspectiva de que la participación es buena en sí misma porque en ella se materializan los ideales democráticos suele derivar en la creencia de que basta con llevarla a cabo e incorporarla deliberadamente como un elemento —muchas veces obligado— de programas y políticas públicas. Posteriormente, cuando las cosas no suceden como se esperaba, es lógico que lo más fácil sea descalificar a la participación en sí misma o atribuir las fallas a la falta de una cultura participativa, más que a problemas de diseño o de implementación de los elementos participativos incorporados a políticas y programas de gobierno”.
La participación ciudadana en la labor Legislativa ya no es una opción sino una necesidad urgente para el fortalecimiento de la legitimidad social de esta institución democrática, sin embargo, la realidad nos demuestra que los avances son lentos, el Índice Latinoamericano de Transparencia Parlamentaria (2023) siendo evaluados 14 países de la región, nos indica en sus conclusiones que en participación ciudadana “se observa una presencia incipiente de mecanismos de participación, como consultas y audiencias públicas, para identificar intereses y preocupaciones ciudadanas. El Parlamento tiene la función natural de representar todos los grupos, colectivos y voces de la sociedad. Esta representación no puede lograrse sin una conexión fluida y directa con la ciudadanía, que permita su expresión e incidencia en la toma de decisiones”.
Los retos y oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y recopilación de buenas prácticas como las establecidas en el Directrices de la OCDE sobre procesos de participación (2022) o la Caja de herramientas de transparencia legislativa de ParlAmericas (2020), paras citar solo dos ejemplos, ofrecen información valiosa para la implementación de procesos de participación y rendición de cuentas efectivos, el tema es de voluntad política y visión para afrontar los retos que la época actual impone a la institucionalidad parlamentaria.
La promoción activa y con pertinencia en los asuntos legislativos por parte de la ciudadanía, debe generarse de manera proactiva, tanto de las personas representantes como de la administración del parlamento, facilitando espacios de incidencia reales y seguros para los participantes.
La acción parlamentaria de inclusión participativa debe trascender de los muros de los edificios que albergan a los parlamentos y generar programas de formación, asesoría y espacios de interacción en las diferentes comunidades, visitando a las organizaciones y sectores sociales para generar puentes de trabajo conjunto, que puedan ser utilizadas por las personas parlamentarias en su labor Legislativa.
Las fracciones o grupos parlamentarios tradicionalmente, generaban su acción programática a partir de las líneas de pensamiento , de las visiones de los diferentes sectores sociales al interior de los partidos políticos por los cuales eran electos, sin embargo actualmente la mayoría del electorado y organizaciones sociales se declara sin militancia a estos, por lo cual las fracciones deben para recuperar legitimidad institucional, fortalecer otros mecanismos de incidencia y de condensación de intereses como mesas de diálogo e interacción con diferente sectores, no esperando solamente que ellos lleguen al recinto, sino mediante una acción efectiva de acercamiento a estos en sus territorios y espacios de acción.
Fortalecer la institución parlamentaria recuperando confianza ciudadana mediane una acción proactiva por la participación social no solo favorece la democracia desde el parlamento, sino que brinda oportunidades a los partidos políticos por los cuales son electas las personas legisladoras para reconectarse con la ciudadanía.
El reconocimiento de la existencia de una crisis de gobernanza y el debilitamiento del apoyo a la democracia de los ciudadanos ha generado acciones innovadoras en varios parlamentos de la región para promover la participación ciudadana activa.
Entre estas acciones que podemos mencionar, está el programa de Parlamentos Cívicos Ciudadanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, desarrollado por el Departamento de Participación Ciudadana con el apoyo y la colaboración de la Fundación Konrad Adenauer, el cuál promueve la cocreación entre diferentes actores del sector privado, sociedad civil, academia, organizaciones sociales e instituciones públicas, para la construcción de propuestas presentadas a los diputados y diputadas, de legislación y control político sobre las políticas públicas existentes o necesarias de impulsar.
Su accionar se fundamenta en los principios de respeto, pluralidad, inclusión, democracia, trabajo en equipo, compromiso social y corresponsabilidad de los actores, que permitan llegar acuerdos y encontrar propuestas innovadoras a partir de las diferencias en las visiones e intereses de los participantes. Su objetivo es producir resultados a partir de la participación responsable y compromiso de sus actores para lo cual se autorregula con su reglamento y aplica solo en forma supletoria el Reglamento de la Asamblea Legislativa ante los vacíos de sus procedimientos y controversias que se puedan generar. Estas iniciativas están integradas por más de 50 organizaciones y personas, cada una y funcionan por medio de Comisiones Legislativas y sesiones Plenarias mensuales.
La participación ciudadana es un requisito indispensable en las épocas actuales para el fortalecimiento de la democracia representativa de los parlamentos. Esto implica cambios transformadores en la cultura política tradicional, tanto de la administración como de las diputaciones, para promoverla de manera proactiva en procura de generar nuevos lazos legitimadores con la sociedad.
La participación ciudadana tiene un impacto positivo en la labor parlamentaria generando un mayor aprovechamiento de las inteligencias colectivas y espacios de interacción social que promueve la legitimidad democrática y el fortalecimiento de la relación del parlamento con la ciudadanía.
La transformación cultural de la clase política y la superación de la antigua visión de parlamentos cerrados, limitándose a la solicitud de voto cada periodo electoral, se ve superado por la realidad, por lo cual la incidencia efectiva de la ciudadanía enriquece la labor parlamentaria y fortalece la democracia.
* Los contenidos publicados expresan la opinión del autor/ autora o sus entrevistados y no necesariamente la visión de la Fundación Konrad Adenauer.
Síguenos en nuestras
Redes Sociales.
© PolítiKAS en Línea v.2022
