Después de una década de infructuosos esfuerzos por corregir los desequilibrios de las finanzas del Gobierno Central, en diciembre de 2018 se inicia el proceso de ajuste tras la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
De esta forma, durante el 2019, se empezaron a percibir los efectos de medidas de naturaleza tributaria, como las reformas a los impuestos de renta y ventas, en este último caso, su sustitución por un impuesto al valor agregado. De igual manera, para el momento de elaboración, negociación y aprobación del presupuesto nacional, ya había entrado en vigor la regla fiscal; mecanismo para contener el crecimiento del gasto público, asociándolo al crecimiento nominal de la economía y al nivel de la deuda gubernamental.
En medio de apenas el inicio del proceso de consolidación fiscal, en el primer trimestre de 2020, producto de la enfermedad de coronavirus (Covid-19), inicia la pandemia; la mayor crisis sanitaria, humana, económica y social enfrentada en el último siglo. En este difícil contexto, con el objetivo de mitigar los costos humanos y económicos de la pandemia, se tomaron acciones gubernamentales que implicaron más gasto, entre ellos el Bono Proteger y, por otra parte, medidas de restricción de la movilidad de personas y de actividad productiva (necesarias para reducir la tasa de contagio y evitar la saturación de los servicios de salud). Estas condujeron a una inédita contracción del gasto de consumo y la producción interna. Como consecuencia, la recaudación de impuestos – en especial los de naturaleza indirecta como el impuesto al valor agregado, los aranceles y los selectivos de consumo – sufrió una contracción significativa (-33,0% en el caso de los ingresos tributarios recaudados en el segundo trimestre de 2020).
El 2020 terminó con un déficit fiscal de 8,3% del Producto Interno Bruto (PIB), mayor al 6,9% en 2019. Esto ocasiona un mayor deterioro de la sostenibilidad de la deuda gubernamental, tanto porque significa un aumento de la razón deuda-PIB (69% del PIB en 2020), como porque una deuda y costos de financiamiento elevados implican mayores pagos de intereses y presionan a que el déficit permanezca elevado.
Ante este escenario, el deterioro de las condiciones crediticias y el aumento de los costos de financiamiento para el Gobierno, las necesidades de recursos del Gobierno (los vencimientos de deuda entre 2021 y 2023 más los faltantes de esos años) y la incertidumbre aún prevaleciente, justifican no sólo la necesidad de recurrir al crédito externo (para no deteriorar más las condiciones crediticias de las familias y las empresas), sino también, ajustes y medidas adicionales.
Es acá donde resulta trascendental un ajuste en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pues no sólo permitiría definir el camino para restaurar la sostenibilidad fiscal, sino disipar las dudas locales e internacionales acerca de la capacidad y voluntad del país de hacerlo. Además, facilitar el financiamiento con organismos multilaterales, los cuales reducirían la presión en el mercado local y contribuirían a la sostenibilidad de la deuda debido a sus menores costos de intereses.
Otra dimensión de la crisis provocada por el Sars-Cov-2 es su efecto sobre el resto del sector público, más allá del Gobierno Central.
La contracción de la demanda, la producción y la movilidad de las personas han tenido un impacto importante sobre los ingresos de empresas públicas como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope). Esto, aunado a la poca flexibilidad para ajustar sus gastos, de manera particular los administrativos, ha reducido sus utilidades.
En otros casos, instituciones como el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), para las cuales una parte significativa de sus ingresos provienen de tasas o impuestos cobrados sobre actividades turísticas, también se han visto muy afectadas por la crisis.
El aumento del desempleo (pérdida de más de 500 mil puestos de trabajo en un inicio) y la reducción de las remuneraciones medias afectan la seguridad social, tanto en la dimensión de la provisión de los servicios de salud, como en la de los regímenes de pensiones, debido a que su financiamiento depende de cargos asociados con el empleo y los ingresos salariales en el sector formal.
De manera indirecta, estos efectos sobre el resto del sector público terminan perjudicando al Gobierno Central, en la medida en que estas instituciones y empresas suelen ser compradoras importantes de bonos del gobierno.
El tiempo apremia y ciertamente la decisión de haber reforzado los sistemas sanitarios y hacer frente a los desafíos sociales y económicos de esta pandemia era indispensable. Ahora bien, para retomar la senda de sostenibilidad fiscal y evitar una crisis económica, política y social, el acuerdo con el FMI es un paso fundamental. Se requiere compromiso, acuerdos políticos, voluntad, liderazgo y visión a fin de definir la ruta y lograr los acuerdos necesarios para lograr resolver el problema fiscal y alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo.
Los contenidos publicados expresan la opinión del autor y autora, y no necesariamente la visión de la Fundación Konrad Adenauer.
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