El futuro de Costa Rica no está en el pasado

El bicentenario y el proceso electoral que culminará en 2022 con un nuevo gobierno en Costa Rica son los marcos de referencia de un intenso debate nacional que será dominado por similares hilos conductores: la pandemia de Covid-19, sus efectos y cómo enfrentarlos.

Si por la víspera se saca el día, la crisis de salud y sus efectos parecen condenarnos a un debate limitadísimo en cuanto a la agenda nacional derivada. Pero lo anterior no es lo peor. El debate se ha planteado con opciones rígidas, dominado por una lógica minimalista: el futuro que se propone es volver al pasado. Más de lo mismo. Ninguna creatividad. Ningún ánimo innovador. Algunos actores -sociales, políticos o económicos- se han autodenominado como “los que saben” y han pedido una especie de voto de confianza, pretendiendo ejercer una magistratura de influencia -de la que carecen- incluso sobre las autoridades democráticamente electas, para proponer qué hacer para volver al pasado. Estas perspectivas están fuertemente dominadas por una visión ortodoxa-conservadora -neoliberal en lo económico, y moralista y religiosa en lo social-, tanto en el diagnóstico como de los instrumentos y las opciones de política a utilizar.

La nación costarricense tiene méritos y aspiraciones de democracia y desarrollo que le merecen un abordaje distinto, con opciones nuevas y posibilidades de elección, y no simplemente una discusión plana y restrictiva, reitero, que ofrece al pasado como el mejor y único futuro. El resto de este texto propone una reflexión general sobre las bases de una “contra agenda”, que permita enriquecer el debate con opciones alternas para la construcción de un futuro que considere las valiosas experiencias pasadas de este pueblo, pero que al mismo tiempo conduzca a una construcción del mañana que no nos vuelva al ayer. Sin ignorar la importancia del pasado como marco de referencia ni la urgencia que tiene la búsqueda de acuerdos para conducir la actual coyuntura de pandemia y el reto de la post-pandemia, es fundamental que el debate nacional tenga pesos y contrapesos entre lo coyuntural y el largo plazo, lo urgente y lo importante, lo conservador y lo progre, en fin, que haya una agenda y una “contra agenda”.

1. Paradigma del pasado

El crecimiento económico medido a través de indicadores numérico/estadísticos sobre los grandes agregados macroeconómicos ha dominado el diagnóstico económico y la economía política durante los siglos pasados. El Producto Interno Bruto (PIB) -en absoluto, relativo o dividiéndolo por la población como PIB per cápita-, la tasa bruta de desempleo, el tamaño del déficit fiscal y la deuda respecto del PIB, las tasas de inflación, las variaciones del tipo de cambio, el desempleo y algunos otros indicadores han dominado como elementos de medición del éxito de nuestro desarrollo o de la gestión de gobierno. En nuestro imaginario colectivo social la idea de alcanzar el desarrollo ha estado asociada con parámetros numéricos, más que con elementos cualitativos asociados o a un balance entre ambos. El problema con esta línea de pensamiento es que, si todos la adoptamos, agotaremos los recursos del planeta y lo convertiremos en un sitio no apto para la vida humana. Por ello debemos esforzarnos por plantear y concordar un nuevo paradigma como meta, una definición de desarrollo que sea “compatible” con la vida y el bienestar integral de nuestra especie, en equilibrio con el resto de las especies que nos acompañan y con el planeta1.

2. Transición hacia un nuevo paradigma

Si como se indicó, la agenda propuesta para sobrellevar y superar la difícil coyuntura en que la pandemia nos ha colocado tiene que estar dominada por el viejo paradigma, porque superarlo nos tomará tiempo y transformaciones sociales y políticas, resulta aún más relevante proponer una “contra agenda”, que proponga valores, nuevas herramientas y temas, así como algunas acciones mínimas necesarias de acometer, para ir introduciendo y asimilando un nuevo paradigma. El proceso de acercamiento de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la formalización del proceso de adhesión a ésta, la Hoja de Ruta seguida y las transformaciones acordadas y conducidas como parte de dicho proceso, han sido instrumentos poderosos para detonar esa urgente transición.

3. Paradigma del futuro

La OCDE es, como se indicó, un proceso aglutinador de una visión de desarrollo mucho más integral, técnica y políticamente balanceada, en un marco de políticas coherentes. Esa visión requiere que las estadísticas económicas clásicas, sean matizadas con elementos cualitativos. La conciliación de lo técnico y lo político, o la adopción de un modelo de toma de decisiones políticas que esté sustentado en datos e información, que permita conducirnos en la búsqueda del bien común a partir de más objetividad y menos subjetividad, son elementos centrales del tránsito al nuevo paradigma. El paradigma futuro, tal como nos lo ha demostrado la OCDE, se debe sustentar en el rescate de la dimensión ética y humanista en la economía política y en la política pública, integrando de manera nativa en ese enfoque ético y humanista, al resto de las especies vivas con que convivimos y al planeta. Este enfoque, como se abordará más adelante, supone pasar de los modelos de la sostenibilidad a los de la regeneración, pues lo primero ya resulta insuficiente.

Como marco de referencia del o los paradigmas del futuro, la Nación costarricense deberá tener mucho más al eje de sus decisiones al ser humano -en su condición individual y grupal, así como en sus dimensiones física, política, aspiracional, ética, afectiva o espiritual- y al medio ambiente -en sus dimensiones terrestres, oceánicas, aéreas y espacial-. La tecnología de la información y su evolución constituyen instrumentos críticos para este nuevo enfoque y la capacidad de medir en tiempo real, modelar y simular las cosas y las interacciones de éstas, permitirá conducirnos como individuos y como grupo de una mejor forma. La transparencia y el escrutinio que dichas tecnologías nos permiten en los actos personales, empresariales, de Estado y de los grupos de interés, no tienen precedentes y por ello, es fundamental que la definición del bien común en los nuevos paradigmas, pasen a ser multidimensional -no economicista- como ha predominado hasta ahora.

4. Primeros pasos

El resto de este documento se dedicará a consolidar un inventario general de elementos a considerar para promover en nuestra sociedad la causa del cambio de paradigma. Por el propósito y la audiencia a que se dirige este escrito se presenta a modo de “contra agenda” temática, y no pretende ser ni exhaustivo ni técnico, sino de perspectiva general.

• Vacunación universal. Por urgencia e importancia no hay duda de que vencer la pandemia debe ser el propósito central de todos en el país. Para lograrlo se debe concretar la vacunación universal de la población adulta, algo viable y realizable dadas las dimensiones de Costa Rica, la disponibilidad de múltiples oferentes de vacunas y las capacidades y condiciones de salud pública y privada en Costa Rica. El Estado debe asumir -a costo propio- la vacunación de quienes no pueden pagar, al tiempo que garantice la muy pronta disponibilidad de la vacuna en el mercado privado de salud para quienes pueden adquirirla. La universalización de la vacunación contra el Covid-19 permitirá retirar las medidas restrictivas usadas para mitigar el contagio y con ello retomar la “nueva normalidad” en la vida social y económica.

• El presupuesto público como herramienta de desarrollo3. Es fundamental detener la destrucción de valor público y la degradación en que ha caído la discusión sobre los presupuestos públicos. Para asegurar el bien común es necesario que el Estado costarricense pueda consolidar su profesionalización, tal como el proceso de adhesión a OCDE lo ha planteado. El buen gobierno y las políticas públicas orientadas a mejorar la vida de las personas -con énfasis en las más vulnerables- requiere recursos. Si algo ha puesto de manifiesto la pandemia del Covid-19 es la interdependencia de la especie humana y nos ha dado una lección durísima sobre las consecuencias de ignorar y actuar en contra de esa realidad. Pero más allá que una reflexión sobre ética y humanidad, es fundamental plantear una “contra agenda” para los presupuestos públicos: estos deben ser una herramienta de desarrollo y gestión del bienestar. Deben ser escrutados y gestionados con diligencia y profesionalismo, pero jamás desvirtuados o denigrados como si fueran una lacra. Mientras los países más serios y consolidados en sus modelos de cohesión social los están aumentando para confrontar y superar la crisis y sus efectos, en Costa Rica domina una agenda de reducirlo y minimizarlo sobre una sustentación economicista y parcializada, que sublima los equilibrios de las grandes variables y omite el uso de instrumentos legítimos, recomendados en las circunstancias actuales e incluso sugeridos y propuestos por los mismos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la misma OCDE.

• El empleo de recursos productivos como prioridad. El retorno a un “nuevo normal” lo haremos en condiciones de alto desempleo de recursos productivos: 23% de desempleo y 46% de subempleo en la población económicamente activa4; cerca del 50% de la masa crediticia total sin demanda productiva y ociosa en el sistema financiero y entre un 10% y un 14% de los créditos existentes en condición de inviabilidad -alto riesgo de impago- declarada o por declarar5; cerca de un quinto de las tierras de labranza sin utilización; amplia infraestructura industrial, comercial, agrícola, para servicios o residencias disponible para alquiler, venta o inversión6; un sistema nacional de generación de electricidad -plantas públicas y privadas excluyendo las térmicas- operando casi a media capacidad, es decir, capaz de abastecer el doble de la demanda eléctrica íntegramente con fuentes renovables y sin nuevos costos fijos y sin realizar nuevas inversiones en infraestructura de generación-.

• Optimizar la productividad7 y el comercio exterior. Al tiempo que el Estado debe usar su capacidad de gestionar incentivos y su presupuesto como instrumentos para estimular demanda y oferta, y con ellas la actividad en los mercados que luego permita movilizar la producción para el consumo y el ahorro locales y en el exterior, es fundamental que el Estado destine los recursos públicos y señalice la dirección de los privados, hacia aquellos usos alternativos en los que nuestra sociedad obtienen los mayores multiplicadores productivos, es decir, donde cada colón utilizado -sea en gasto corriente o inversión pública o privada- genere la mayor expansión posible de la actividad productiva. Las imperfecciones del mercado y el hecho de que el 60% de los sectores productivos que componen la matriz insumo-producto que describe la economía costarricense estén exentos de alguna forma de las reglas de la competencia, obliga al Estado a mantenerse activo y vigilantes, y utilizar sus capacidades para intervenir e incentivar diversas algunas acciones económicas.

Maximizar la producción -como condición necesaria para maximizar el consumo y el bienestar social- es un propósito que hemos olvidado al tiempo que hemos ido generando dos economías que algunos piensan como mundos independientes: la local y la vinculada al comercio exterior. La economía nos confronta con la realidad de que, entre más pequeño es un país, más beneficios obtendrá si participa del comercio internacional. Con esa visión Costa Rica abrió su economía, primero unilateralmente en la década de los años 80 y luego en modelos de tratados de libre comercio a partir de los años 90, y gracias a esa decisión se transformó en uno de los países más abiertos del mundo. No obstante, el modelo exportador que ha sustentado esa apertura está dando señales de agotamiento en diversas áreas, especialmente en su capacidad para movilizar a los actores productivos a vincularse al comercio exterior. Al mismo tiempo, las restricciones a la competencia indicadas antes en amplios sectores del mercado local, reducen los beneficios del comercio exterior para el consumidor, impidiendo que la intensa competencia del comercio internacional permee diversos mercados de insumos y producto final.

Antes que recortar el gasto público el Estado debe analizar su impacto productivo y plantearse no su reducción, sino cómo esos presupuestos públicos pueden usarse mejor para movilizar los recursos productivos ociosos hacia su pleno empleo, intervenir para establecer condiciones de competencia en los muchos mercados que carecen de éstas y que por tanto tienen precios internos mucho más altos que los promedios internacionales, apoyando la innovación en todo su amplísimo espectro y haciendo lo posible por cerrar las brechas productivas y comerciales estructurales, muchas de las cuales están en coincidencia con el cierre de las brechas coyunturales que hoy nos presionan, tanto para superar las crisis provocadas por el Covid-19 como para acelerar el ritmo de avance del país hacia al desarrollo.

• Revitalización de la planificación económica. La socialdemocracia ha logrado consolidar la planificación como herramienta central de los Estados del Bienestar que lideran el desarrollo humano y económico en el mundo -todos miembros de la OCDE- y que primero están logrando iniciar la transición a los nuevos paradigmas del futuro. Por afinidades múltiples, Costa Rica tiene en su ADN condiciones y características que le acercan a dichos modelos de desarrollo, especialmente al de los países nórdicos. Esa planificación se ha convertido en sustrato para lograr una economía que busca y tiende al pleno empleo de los recursos. Planificar en un Estado Social de Derecho -como el que sustenta la Constitución Política de Costa Rica- requiere cosas que hemos obviado deliberada o descuidadamente y que deben ser retomadas y gestionadas desde la planificación del Estado con el apoyo entusiasta de la sociedad civil y los sectores productivos. La planificación de nuestra economía merece una revisión, no para desmontarla y retomar los modelos de desregulación de las últimas décadas, sino para profesionalizarla y consolidarla como instrumento para lograr el bien común.

• Promoción de la equidad. Las proyecciones numéricas colocan a Costa Rica como uno de los países en la región con menor contracción económica durante el 2020 pero también como uno de los que crecerá menos en 2021 y 20228. Esas predicciones son especialmente preocupantes pues al mismo tiempo, Costa Rica es uno de los países más desiguales e inequitativos de la OCDE, por lo que están dadas las condiciones para que, si no se actúa deliberadamente, la inequidad se profundice. El efecto devastador que sobre el turismo ha tenido la disrupción de los viajes ha empeorado muchísimo las condiciones y capacidades de generar ingresos dignos a las mujeres y los jóvenes, pero también los ciudadanos menos favorecidos con oportunidades de estudio, con empleos operativos y manuales, altamente concentrados en zonas rurales -especialmente costas y áreas montañosas-, donde más flujo de turistas se había venido creando y se habían convertido en elementos redistribuidores del ingreso y las oportunidades. Estos hechos deben ser especialmente considerados desde la política pública y desde los instrumentos disponibles en la economía y la gestión política, y ameritan asumir con prontitud un cambio de enfoque en cuanto al crecimiento económico. Es fundamental ir más allá del clásico “efecto derrame” que lamentablemente ha dominado varias dinámicas de la política pública nacional9, e incorporar elementos éticos que incorporen sensibilidades de las personas, familias y grupos sociales vulnerables, así como la dimensión territorial de las políticas.

• Educación y oportunidades. Nada transforma un país más que la educación de su pueblo. Diversos estudios dicen que en cantidad y calidad, nuestro modelo educativo está debiendo. Los recursos que destinamos podrían generar mucho mejores resultados y antes que quitar recursos, debemos enfocarnos en potenciar su eficiencia y eficacia.

• Tiempo de las mujeres y de preocupación por los varones. Los estudios de OCDE sobre la demografía costarricense y los retos del desarrollo indican que, para las próximas décadas, las mujeres serán el 60% de quienes llegarán a los mercados laborales y de quienes completarán estudios universitarios. Estos cambios estructurales sociodemográficos justifican atención puntual a ellas en cuanto a su orientación vocacional, sistemas de apoyo y asistencia -en especial por sus roles en la familia- y a los rezagos que hay en cuanto a remuneración y oportunidades profesionales, políticas, económicas y sociales. Los mismos números sustentan una preocupación hacia los varones y su evolución en nuestra sociedad. En un contexto de reducción de la tasa de natalidad y envejecimiento poblacional, las tendencias estructurales aquí referidas deben ser parte fundamental del análisis del desarrollo y de las acciones que la política pública debe priorizar.

• Los territorios. La política económica de corte general (el modelo “top-down”) basada en gestionar los “macroprecios” de los factores productivos dominantes10. Éstos suelen ser los instrumentos favoritos de los “macroeconomistas” y suelen ser el objeto de la mayor atención de los mercados. No obstante, en la lógica de la transición que se propone en este documento, sin desatenderlos, es necesario que la política económica considere la perspectiva inversa: “down-to-top”. Construir políticas desde los territorios, sensibilizadas y procurando adaptarlas para que sean eficaces y puedan ser medidas en dichos territorios es además de una responsabilidad ética, indispensable para atender condiciones cualitativas del desarrollo.

• Las expectativas. En economía política y en las democracias la gestión de las expectativas es fundamental. Con cada vez más instrumentos de comunicación y posibilidades de escrutinio y análisis, y poblaciones más abiertas y conectadas internacionalmente, gestionar expectativas y emitir señales desde la política resulta un reto de creciente complejidad. La democracia, la capacidad de las autoridades políticas, la evolución de la pobreza, el ejercicio de las libertades individuales, el uso de las redes sociales, las percepciones sobre oportunidades o sobre la corrupción, son todos conceptos/valores determinantes para el comportamiento individual y colectivo. Gestionar las expectativas es cada vez más difícil en las sociedades abiertas y tecnológicamente avanzadas, pero nuestras autoridades deben esforzarse por hacerlo, como condición necesaria para que nuestras sociedades sean “más vivibles”. Uno de los instrumentos más relevantes para gestionar las expectativas son los incentivos, que están en todas partes en la economía y la sociedad. Los incentivos son el conjunto de elementos o señales, explícitas o implícitas, que mueven a los agentes económicos o sociales a actuar, tanto individual como grupalmente, en lo social, político, económico, ambiental, comercial, etc. Los incentivos más “duros” y rígidos son las leyes y las penas cuando éstas se transgreden. En el otro extremo están las tendencias y elementos que se configuran en el imaginario colectivo como procesos en curso, que van desde las modas hasta las opiniones sobre la transparencia y confiabilidad de un ministro o un presidente, o las teorías de conspiración que suelen tejerse ante diversos eventos.

• Incentivos económicos. Los incentivos son instrumentos fundamentales para orientar en dirección las expectativas, así como los actos y resultados económicos y sociales. En Costa Rica existe la práctica de establecerlos y conservarlos por largo tiempo. Casi nunca son medidos en sus impactos y menos sometidos al necesario escrutinio público para determinar si están sirviendo o no para su propósito. Suelen establecerse de forma muy rígida, mediante leyes11. Muchos de los incentivos vigentes no están alineados con los nuevos paradigmas y deberían ser desmontados. La inequidad económica o social, la contaminación, la baja productividad, la poca competitividad, la falta de competencia, la concentración de mercados, la falta de transparencia, la percepción o evidencia de corrupción, la baja calidad de servicio, la falta de movilidad -económica y social-, la baja inversión o la baja innovación e incorporación de ciencia y tecnología, o el cambio mismo de paradigma deberían ser detonantes para quitar o poner incentivos.

• Regeneración por la sostenibilidad. Como se indicó en la primera sección el deterioro ambiental generalizado del planeta, el calentamiento global, el deshielo de los casquetes polares terrestres o marinos y los glaciares, entre otros, son evidencia de lo insuficiente que para la humanidad resulta centrarnos en la sostenibilidad. Ésta ya no es suficiente y es necesario ir mucho más allá, buscando regenerar lo que como especie hemos destruido. Alrededor del concepto de la regeneración debemos pensar nuestro futuro y esa regeneración debe ser eje del o los paradigmas que en adelante adoptemos.

• Nuestros océanos. En el marco de la regeneración Costa Rica debe aceptar que sus recursos terrestres están al límite y que el potencial de sus océanos está todo por explorar. Como nación, las dotaciones naturales más relevantes que tenemos somos nosotros mismos -como seres trabajadores y creativos-así como nuestras aguas y tierras. Estas tres grandes categorías de recursos son fines y medios en sí mismos y determinan el pasado, presente y futuro del país. La Nación costarricense tiene firmes tradiciones de respeto y compromiso con su gente y su tierra -especialmente las especies menores, los bosques y las fuentes de agua dulce-, pero ha olvidado sus océanos. De los casi 650 mil kilómetros cuadrados de superficie que tiene Costa Rica, solamente el 8% es tierra firme, solamente un 2% está protegido por el sistema de parques nacionales y otro 2% por programas diversos principalmente orientados a preservar o reforestar tierras privadas. Pero de la Costa Rica marítima -que representa el 92% del total de nuestra superficie- apenas un 4% está protegida por el sistema de parques nacionales, lo que significa que tan solo el 8% del total de nuestro total -terrestre y marino- está en regímenes de protección. El 4% de superficie del país que en tierra no está protegido constituye las tierras de labranza, ciudades y pueblos, vías públicas y demás áreas en que realizamos nuestras actividades productivas y sociales y en general, su utilización está sometida a regulación y supervisión, pero nuestros océanos son “agua de nadie”.

La política pública debe atender esta realidad. Nuestra frontera agrícola solamente puede expandirse hacia el mar y el país puede ampliar de forma muy sustantiva su desarrollo si integra ese 92% de superficie marina que no utiliza y escasamente gestiona. Países como Islandia, Dinamarca o Nueva Zelanda tienen amplia experiencia en cómo gestionar, proteger y aprovechar simultáneamente los recursos naturales en los océanos, y Costa Rica debe priorizar su política y acción pública en esta materia.

• Cambio climático. Por su posición geográfica Costa Rica es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Los modelos climáticos indican que en los trópicos, las condiciones climáticas serán cada vez más extremas -lluvias más fuertes, temporadas secas más secas, ruptura de los patrones estables de lluvia, cambios en temporadas y trayectorias de huracanes, y otros muchos trastornos. Nuestro Litoral Caribe recibirá más agua al tiempo que nuestro Litoral Pacífico será más seco, especialmente el Pacífico Norte. La gestión del agua por sus implicaciones sociales y económicas será crítica y deberá ser transparente y sustentada en valores y principios estrictamente apegados al bien común y fuera del mercantilismo. Los expertos sugieren que esta gestión debe priorizar en proteger las fuentes de agua, así como construir la infraestructura necesaria para transportar desde el Caribe y la Zona Norte agua para el Pacífico, al tiempo que se construye infraestructura de drenaje en las zonas que recibirán excesos de líquidos. El proyecto de Agua Para Guanacaste, iniciado en la Administración Solís Rivera y altamente obstaculizado por intereses privados, es un ejemplo del tipo de infraestructura que debemos poder desarrollar en el futuro.

• Una nueva matriz energética. Como ya se indicó antes Costa Rica cuenta con una capacidad instalada sobresaliente de energía eléctrica renovable. Año con año se suple con electricidad de fuentes renovables sobre el 99% de la demanda y sin inversiones ni costos fijos mayores, el país podría generar suficiente energía para abastecer el doble de la demanda actual12. Pero esa sobrecapacidad ocasiona muchos problemas al país. Primero, porque en términos relativos ha encarecido excesivamente la electricidad en el país, al cargar los costos fijos y financieros de esa sobrecapacidad, a una demanda corta. Segundo, porque tres cuartas partes de esa electricidad de producto con fuente hidroeléctrica, una tecnología relativamente más costosa de generar y operar, y a la luz de los retos climáticos, también más inestable que otras. En tercer lugar la condición de sobrecapacidad hará retardar la migración hacia energías solares y geotérmicas, las dos fuentes principales por costo y estabilidad que los sistemas modernos usarán. Por todo lo anterior, la agenda de futuro requiere detenerse en la estrategia energética nacional y plantearse alternativas y revisiones de agenda y estrategia, con atención y alineamiento a las tendencias y paradigmas más innovadores en materia energética.

No obstante los elementos antes aportados, es innegable que Costa Rica es un país pionero en la adopción de energías renovables. Aunque estemos entrando en una etapa en la que la energía hidroeléctrica cederá su dominio y conviene al país procurarlo, la energía hidroeléctrica modernizó a Costa Rica y le permitió consolidar un conocimiento y una infraestructura pionera y de vanguardia, única en el mundo en desarrollo, haciendo de la electrificación y su universalización parte de la impronta del país.

5. Reflexión final.

La tarea de cambiar nuestro paradigma y relanzarnos como Estado es ardua. Aunque son las nuevas generaciones la esperanza de esta Nación para lograrlo, los mayores deben -debemos- contribuir y convertirnos también en agentes de cambio. Es fundamental abrir al análisis y debate el futuro y no admitir las pretensiones de debate minimalista o de agenda cerrada que algunos sectores quieren imponer. Debemos sospechar de quienes se auto definen que “expertos” o portadores del conocimiento. Dichas pretensiones no son de recibo especialmente cuando vienen de grupos de presión o de interés, sean estos políticos, económicos o sociales.

Costa Rica es una democracia y así como el voto de cada uno tiene el mismo peso que el del ciudadano de al lado, las opiniones deben también respetarse y tomarse en cuenta. Debe prestarse atento cuidado a las agendas y tal como nos lo ha insistido la OCDE, gestionar nuestro desarrollo y nuestra gobernanza con un balance de ciencia, técnica y política, que procuren optimizar el bienestar del mayor número, como reiteradamente y con sabiduría nos propuso el ilustre don José Figueres Ferrer.

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